Lo que para muchos jóvenes significa libertad de expresión, en Venezuela bajo el régimen chavista puede costar la cárcel. Es el caso de Juan Francisco Alvarado Páez, un estudiante de comunicación social de 30 años, que permanece detenido desde el pasado 20 de marzo por publicaciones críticas al poder en sus redes sociales.
Juan Francisco cursaba el cuarto semestre de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro, núcleo Acarigua (estado Portuguesa), pero sus estudios fueron interrumpidos primero por dificultades económicas y ahora por una acusación de “incitación al odio” impuesta por el sistema judicial venezolano.
Su detención se produjo de forma irregular en un punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el destacamento “La Cascada” de Agua Blanca, cuando regresaba a su casa en Apartadero, estado Cojedes. De acuerdo con su familia, un militar subió a la unidad de transporte público donde se trasladaba Juan Francisco, solicitó cédulas de identidad a los pasajeros y procedió a detenerlo al verificar su nombre en el sistema.
Desde entonces, permanece privado de libertad sin juicio firme, mientras los tribunales retrasan sistemáticamente su proceso. Se le señala de realizar publicaciones consideradas “ofensivas” contra el régimen, en un claro acto de persecución política y censura digital.
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Un proceso cargado de irregularidades
Aunque la causa fue abierta en el estado Cojedes, Juan Francisco está detenido en Portuguesa, lo que obliga a que sus audiencias se realicen vía telemática desde Acarigua. Esta modalidad, además de entorpecer su defensa, ha contribuido a un retardo procesal que ya supera los tres meses.
Sus familiares denuncian que las condiciones de reclusión afectan seriamente su salud, ya que en los últimos días ha presentado fiebre, malestar general, diarrea y dolor de garganta, por lo que ha sido trasladado hasta en cuatro oportunidades al hospital de Agua Blanca. Sin embargo, no recibe atención médica continua ni medicamentos adecuados.
Esta situación refleja el estado de abandono y violación de derechos humanos al que son sometidos los presos políticos y ciudadanos detenidos arbitrariamente por expresar opiniones en plataformas digitales.
Un joven soñador, ahora perseguido
Juan Francisco nació el 29 de noviembre de 1994 en San Carlos, estado Cojedes, y fue criado en Apartadero junto a su madre, Doris Páez, y dos hermanos. Siempre soñó con convertirse en periodista y también con estudiar Derecho para combinar la información con la defensa de los derechos civiles.
Sus allegados lo describen como un joven íntegro, educado, disciplinado y protector de su familia. Es especialmente apegado a su madre, a su gato “Rancés” y a su pequeño sobrino, con quienes compartía su día a día antes de ser encarcelado.
Su pasatiempo favorito siempre ha sido mantenerse informado, razón por la cual participaba en grupos de noticias internacionales, lo que le permitía compartir contenido de actualidad en sus redes. Su intención nunca fue subversiva, sino informar con criterio y conciencia. A pesar de su encierro, mantiene la fe y le insiste a su madre que “Dios está obrando a su favor”.
El delito de opinar
Venezuela se ha convertido en uno de los países más hostiles de América Latina para ejercer el periodismo o el activismo digital. La Ley Contra el Odio, promovida por la Asamblea Constituyente del régimen en 2017, se ha convertido en una herramienta represiva para silenciar voces críticas en redes sociales.
Según organizaciones como Espacio Público y Amnistía Internacional, cientos de venezolanos han sido investigados, detenidos o procesados por simples opiniones compartidas en Facebook, Twitter o WhatsApp. Esta situación viola acuerdos internacionales en materia de libertad de expresión.
El caso de Juan Francisco Alvarado no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática de control y miedo. Su familia exige la inmediata liberación del joven estudiante, así como el cierre del proceso judicial, que consideran infundado y desproporcionado.
¿Hasta cuándo la persecución?
Mientras el régimen persiste en su campaña para aplastar la disidencia, miles de venezolanos enfrentan el dilema entre callar o arriesgarse a la cárcel. La historia de Juan Francisco es un testimonio de la represión silenciosa que ocurre lejos de los focos internacionales, en regiones del interior del país donde la justicia obedece más al poder político que a la ley.
Su caso también pone de manifiesto la urgencia de reformas reales, imparciales y democráticas en el sistema judicial venezolano, hoy al servicio de la censura y el castigo ideológico.
