Régimen intensifica la represión: más de 1.000 presos políticos han sido torturados en Venezuela tras elecciones
La tortura como política de Estado en Venezuela ha alcanzado cifras alarmantes, según denunció recientemente la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que documenta violaciones a los derechos humanos en el país. Desde las elecciones presidenciales del 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral, dominado por el chavismo, declaró como ganador a Nicolás Maduro, más de 1.000 personas han sido encarceladas y sometidas a tratos inhumanos por razones políticas.
Según la coordinadora de la organización, Martha Tineo, Venezuela atraviesa una de las etapas más sombrías en materia de derechos humanos en las últimas dos décadas. La ONG sostiene que antes del 28 de julio de 2024, había registradas algo más de 300 personas privadas de libertad por razones políticas. Sin embargo, tras los cuestionados comicios, esa cifra se disparó de forma exponencial.
“Estamos viendo una política represiva sin precedentes. Se está castigando el pensamiento libre con cárcel y tortura”, advirtió Tineo.
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Condiciones infrahumanas en centros de detención
Las denuncias no solo se centran en el número de detenidos, sino en las condiciones degradantes a las que son sometidos. La ONG ha alertado que el hacinamiento, la insalubridad, la falta de acceso a atención médica, agua potable y alimentos adecuados, son parte del patrón sistemático de castigo utilizado por el régimen para quebrar física y psicológicamente a los opositores.
Uno de los aspectos más graves, según el informe de la organización, es el uso del aislamiento y la incomunicación prolongada como método de tortura. Estas prácticas, prohibidas por tratados internacionales de derechos humanos, se están aplicando en centros de detención como El Helicoide y La Tumba, controlados por los cuerpos de inteligencia del régimen chavista.
“El aislamiento extremo puede ser considerado tortura. Vulnerar el contacto con familiares o abogados no es solo ilegal, es inhumano”, sentenció Tineo.
La ONU respalda las denuncias
Las declaraciones de Justicia, Encuentro y Perdón coinciden con los hallazgos más recientes del informe presentado por Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien aseguró que en Venezuela existe un uso sistemático de la detención arbitraria y severas restricciones a las libertades civiles.
El documento de la ONU denuncia también que el régimen de Nicolás Maduro ha reprimido el derecho a la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica, consolidando un modelo autoritario que criminaliza la disidencia y el activismo.
Además, el informe menciona que las fuerzas de seguridad venezolanas han actuado con impunidad, al amparo de un sistema judicial cooptado y sin independencia.
Un patrón de persecución masiva y control total
La represión no se limita a activistas políticos. La ONG ha señalado que los detenidos incluyen periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes, líderes indígenas y ciudadanos comunes. El patrón revela un objetivo claro: erradicar toda forma de organización social autónoma o crítica al régimen.
El incremento en el número de presos políticos tras las elecciones no es una coincidencia. Se trata de una estrategia bien orquestada para desmovilizar a la sociedad venezolana y asegurar la permanencia de Maduro en el poder por la fuerza.
Daño psicológico y físico irreversible
Muchos de los presos políticos presentan problemas de salud mental y física severos. Casos de tortura documentados incluyen descargas eléctricas, asfixia simulada, golpizas, violencia sexual, privación del sueño y falta de medicamentos para enfermedades crónicas.
La organización enfatiza que estas prácticas no son aisladas ni errores de procedimiento, sino parte de una política deliberada de terror institucional.
Exigen justicia internacional
ONGs, familiares y organizaciones internacionales han reiterado que los crímenes cometidos por el régimen de Nicolás Maduro deben ser procesados por la Corte Penal Internacional (CPI). Los responsables de estas violaciones no pueden gozar de impunidad, tal como lo establece el Estatuto de Roma.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue reaccionando con lentitud, emitiendo comunicados y resoluciones que no logran detener la maquinaria represiva chavista.
“Es hora de que los organismos internacionales actúen con firmeza. No basta con condenar; es necesario sancionar y aislar diplomáticamente al régimen”, concluyó Tineo.
Con información de:
El Espectador
