Nuevo informe Bachelet sobre Venezuela denuncia ejecuciones, torturas y desapariciones

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La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, presentó un nuevo informe sobre la situación que vive Venezuela con datos recogidos entre junio de 2019 y mayo del 2020.

En el documento de 17 páginas, según revela PanamPost, se denuncian las atrocidades perpetradas por las fuerzas de seguridad de la tiranía de Nicolás Maduro: ejecuciones, torturas, desapariciones forzosas, persecución a la disidencia y detenciones arbitrarias.

Una de las denuncias más graves es la presunta ejecución de 38 jóvenes realizadas por las fuerzas del régimen en los estados de Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Guárico, Lara, Sucre y Zulia.

A las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se le atribuyen 23 de los 38 homicidios, siete al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), tres a los colectivos armados, dos a la Policía Nacional Bolivariana, uno a la Dirección de Investigaciones Penales, otro al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) y uno a la Guardia Nacional Bolivariana. “El patrón identificado en estos casos es similar al descrito en el informe de la Alta Comisionada al Consejo de Derechos Humanos de julio de 2019”, dice el informe.

“Las víctimas de las muertes documentadas por el ACNUDH eran todos hombres jóvenes, en su mayoría de menos de 30 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos de barrios desfavorecidos caracterizados por altas tasas de delincuencia”, afirma el documento, que añade datos sobre la situación social de las víctimas y destacando que algunas tenían antecedentes penales, mientras que otras no tenían y fueron objeto de venganza personal o “su muerte se debió a un error de identificación”.

El informe narra que 17 manifestantes en todo el país fueron detenidos por protestar para la mejora de los servicios públicos. Entre los detenidos había menores de edad y adultos. Hubo tres casos de tortura y una agresión sexual a manifestantes detenidos el 20 de mayo en el estado Lara por miembros de las fuerzas de seguridad del chavismo.

No solo hubo amenazas y detenciones arbitrarias contra la ciudadanía por ejercer su derecho a protestar, sino también para los periodistas. Cuatro profesionales de medios de comunicación fueron víctimas de detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad y siete fueron objeto de medidas cautelares dictadas por un juez mientras esperan ser juzgadas.

En el caso de las torturas, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue una de las direcciones de la tiranía más señaladas en el informe. Según los datos proporcionados por el ACNUDH “casi todas las personas detenidas por la DGCIM fueron sometidas a desaparición forzada durante un breve plazo posterior a su detención y antes de ser llevadas ante el juez”.

Las autoridades no confirmaron el paradero de las personas ni a los familiares ni a los abogados durante períodos que oscilan entre los siete y los 40 días, esto “suscitó preocupación por el incremento del riesgo de tortura y malos tratos”.

La ACNUDH señala que las personas privadas de libertad eran interrogadas por los servicios de inteligencia de la tiranía después de su detención “tanto en las instalaciones de la DGCIM como en lugares no oficiales y desconocidos”.

Las víctimas habrían sido objeto de “malos tratos y de torturas”. Según los relatos recopilados por el ACNUDH, tales actos tienen por objetivo principal intimidar y castigar a las personas detenidas, y arrancar confesiones o incriminar a terceros mediante vídeos o declaraciones escritas. “Las denuncias de tortura física de personal militar o exmilitar eran comunes, mientras que las personas de perfil alto, tales como los parlamentarios, no reportaron haber sufrido abusos físicos”, concluye.

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