Régimen libera bajo medida cautelar a miembros de la ONG Azul Positivo

Imagen ilustrativa de Azul Positivo

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Cinco miembros de la organización Azul Positivo fueron excarcelados este miércoles con medida cautelar, después de permanecer 30 días privados de libertad en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Maracaibo, estado Zulia.

Los activistas de la ONG fueron arrestados por el régimen de Nicolás Maduro por una acusación de actividades delictivas ligadas al funcionamiento y actividades realizadas por esta organización la cual busca promover un cambio social en el país.

“Esta noche salieron en libertad Layner Gutiérrez, Yordy Bermúdez, Johan León, Alejandro Gómez y Luis Ferrebus de Azul Positivo”, informó la defensora de los derechos humanos Lisseth Mogollón por medio de su cuenta de Twitter.

Asimismo, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) dijo que los cinco miembros de la ONG quedaron sometidos a régimen de presentación en Tribunales.

“¡Persiste la injusticia! Dar ayuda humanitaria no es delito. Exigimos libertad plena”, señaló Provea en su cuenta de Twitter.

Los jóvenes integrantes de Azul Positivo fueron liberados finalmente luego de pasar más de 30 días arrestados, a liberación de los activistas se produce luego de la fuerte presión mediática y diplomática por parte de la sociedad civil así mismo como de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la cual hizo un llamado de atención para una pronta liberación.

El pasado 13 de enero, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la ciudad de Maracaibo intervino de manera injustificada a la ONG Azul Positivo para realizar presuntamente un “procedimiento administrativo contra su trabajo humanitario” en el país, durante el operativo fueron privados de libertad los cinco integrantes de Azul Positivo los cuales fueron ya puestos en libertad.

En ese momento, la organización, orientada hacia la prevención del VIH y a proveer ayudar a población seropositiva, instó a las autoridades gubernamentales a garantizar la seguridad de su “personal y bienes” así como de exigir su liberación.

Fuente: El Cooperante

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