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La realidad política venezolana es tan convulsa y acontecida que resulta imposible aburrirse si se sigue con detenimiento todas las acciones políticas que se emprenden tanto desde el régimen socialista como desde los movimientos políticos, organizaciones, medios de comunicación y particulares que le hacen oposición. La realidad es que siempre se tendrá algo que analizar y comentar. Sin embargo, existe una cosa particularmente tediosa: la forzada diferenciación entre los modelos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
En la actualidad, no es extraño escuchar de dirigentes partidistas o de analistas políticos que existe una supuesta brecha entre el proceder del fallecido Chávez y las aparentes torpezas de Maduro. Esta narrativa está tan presente en la argumentación y discursos de actores políticos y periodistas que entra la sospecha sobre los intereses detrás de semejante despropósito.
En primer lugar, ya es muy grave que se hable —con una suerte de tono reivindicativo— sobre Hugo Chávez sin mencionar los graves daños que le causó a las instituciones públicas y al mercado venezolanos. Pero más pernicioso aun, es que en pleno 2021, haya quien no comprenda que las acciones que ha emprendido ese movimiento denominado chavismo en la actualidad, son la consecuencia ineludible de las políticas implementadas entre 1999 y 2012.
Por esta razón, es importante hacer un repaso de la historia contemporánea de Venezuela y señalar los vínculos entre las raíces del problema y los efectos que causaron. En ese sentido, no se puede empezar por algo diferente a la iniciativa constituyente impulsada por Chávez en 1999. Este proceso viciado de elementos inconstitucionales fue el que permitió el reinicio de todos los órganos de la administración pública y el establecimiento de un ordenamiento jurídico que favoreció el ejercicio del poder sin controles ni contrapesos, algo que en el transcurso del tiempo terminó por encumbrar a un Nicolás Maduro en la presidencia interina —sin un Tribunal Supremo de Justicia autónomo que lo impidiera— y luego también adjudicarse la presidencia para el periodo 2013-2019 —con un Consejo Nacional Electoral cooptado que lo avaló—.
En este mismo orden de ideas, se debe indicar que las dificultades económicas que ha atravesado la sociedad venezolana —con mayor intensidad— desde 2016, encuentran su origen en una política sistemática de vulneración del sector privado en la economía. La expropiación de tierras, empresas manufactureras y cadenas comerciales, la imposición de controles de cambio y controles de precio, así como la intervención estatal en el sistema bancario y la imposición de medidas que ahuyentaban la inversión, fueron medidas que —ineludiblemente— conducirían a la contracción de la economía. Si a todo esto se le añade la constante emisión de dinero inorgánico para el financiamiento de programas sociales ineficientes y con criterios de discriminación política, resulta obvio decir que la hiperinflación y otros fenómenos conexos estarían a la orden del día.
En definitiva, las políticas públicas y los actos del gobierno que parecían ser producto de arrebatos emocionales de Hugo Chávez, en realidad respondían a un plan intencional de disminución de la iniciativa privada para favorecer y fortalecer al sector público. Es decir, se construyó un gran aparato gubernamental, dueño de —casi— todo, en detrimento de empresas privadas eficientes en ambientes competitivos.
De ahí que, Nicolás Maduro, se aprovechara de una nación empobrecida para terminar de sentar las bases de un proyecto altamente lucrativo que requería de la fachada del poder para sostenerse. Además, es necesario destacar que, así como recogió los frutos de lo que sembró su padre político, también le toco enfrentar las frustraciones acumuladas durante tantos años de descomposición social y económica.
Así como tardaron en aparecer las consecuencias de las políticas de Chávez, también fue lenta la reacción a estas. Por eso es que escenarios como los vividos en 2014 o 2017 no se vivieron antes —con la excepción de los acontecimientos que llevaron al referendo revocatorio de 2004— y tampoco el régimen socialista había requerido el uso de la represión y de los cuerpos armados irregulares para la contención de la disidencia.
Lo mencionado hasta ahora es consecuencia lógica de medidas gubernamentales y decisiones políticas que se tomaron con pleno conocimiento de sus efectos. Si Chávez siguiese vivo, le hubiese tocado vivir las mismas crisis. Y aunque quizás el tono de su narrativa y la puesta en escena pudiese variar, las medias hubiesen sido las mismas. La represión, los estados de excepción en modalidad de emergencia económica, los presos políticos, el desconocimiento a las atribuciones de la Asamblea Nacional y el establecimiento de relaciones peligrosas con China, Rusia, Irán y Cuba son todas cartas sobre la mesa que el régimen socialista ha estado siempre dispuesto a jugar para consolidar su proyecto.
El fin de todo esto ha sido el de garantizar el control del territorio venezolano para el desarrollo de actividades que le permitan acumular riqueza y poder a quienes acompañan al chavismo. Esto ha sido así siempre, independientemente de quien se abrogue la banda presidencial.
Oswaldo Silva
Internacionalista
Staffer de Students For Liberty
Coautor de “Después del Socialismo, Libertad”
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