La reciente condena contra Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, ha generado un terremoto político y judicial en el país. El fallo, emitido este lunes por la jueza Sandra Liliana Hernández, lo declara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, sentenciándolo a prisión domiciliaria. Aunque fue absuelto del cargo de soborno simple, el caso ha desatado una intensa polémica a nivel nacional e internacional.
“La pena establecida oscila entre cuatro y ocho años. Dado que el acusado cumple los requisitos, se le impone prisión domiciliaria como medida sustitutiva”, sentenció la jueza, quien aseguró que la actuación del expresidente fue dolosa y determinante en la ejecución de los delitos investigados.
El fallo se basa en la presunta manipulación de testigos en la que, según la jueza, Uribe actuó a través de su abogado Diego Javier Cadena Ramírez, quien contactó y presionó a exparamilitares encarcelados para modificar sus declaraciones judiciales.
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Defensa apelará la condena contra Álvaro Uribe ante el Tribunal de Bogotá
Jaime Granados Peña, abogado defensor del expresidente, calificó el fallo como injusto y políticamente motivado. Aseguró que la inocencia de Uribe “se mantiene incólume” y anunció una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. “Vamos a demostrar que esta sentencia se basa en interpretaciones sesgadas y no en pruebas contundentes”, expresó.
El equipo legal sostiene que el abogado Cadena actuó por cuenta propia, sin instrucciones directas de Uribe. Sin embargo, la jueza concluyó que hubo conocimiento y participación activa por parte del exmandatario en las gestiones para obtener testimonios favorables a su causa, ofreciendo incentivos económicos a los testigos clave.
¿Fallo histórico o persecución política?
Esta es la primera vez que un expresidente colombiano enfrenta una condena penal en firme, lo cual ha generado reacciones mixtas. Mientras sectores de izquierda celebran el fallo como un “triunfo de la justicia”, la derecha política denuncia una clara persecución judicial contra un hombre que luchó decididamente contra el narcoterrorismo y las guerrillas durante su mandato.
Organizaciones como La Fundación Libertad y Democracia han manifestado su preocupación por lo que consideran una judicialización con fines políticos, señalando que la independencia judicial en Colombia se encuentra cada vez más comprometida por intereses ideológicos y partidistas.
¿Qué implica realmente la condena contra Álvaro Uribe?
Más allá de la medida de prisión domiciliaria, el caso representa un precedente inédito en la historia de Colombia. La jueza concluyó que se demostró la existencia de un plan para manipular testimonios, donde se ofrecieron beneficios jurídicos y pagos en efectivo a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez (“Víctor”) y Eurídice Cortés (“Diana”).
El fallo señala que la presión ejercida sobre estos testigos se hizo con pleno conocimiento del expresidente, desmontando el argumento de que su abogado actuó sin consentimiento. Este elemento fue clave para establecer la culpabilidad.
La derecha colombiana respalda a Uribe y denuncia sesgo judicial
Diversos líderes del centro democrático, incluyendo la senadora Paloma Valencia y el exministro Rafael Nieto, han expresado su respaldo a Uribe, afirmando que se trata de un juicio con motivaciones ideológicas. “No es justicia, es venganza disfrazada de legalidad”, aseguró Valencia.
En redes sociales, ciudadanos también han levantado la voz contra la sentencia, utilizando hashtags como #UribeInocente y #JusticiaPolitizada, lo que evidencia una profunda división en la opinión pública. Muchos consideran que la figura de Álvaro Uribe sigue siendo una amenaza para el proyecto socialista del Foro de São Paulo, y que por ello se busca su anulación política.
Con información de:
ANRT
