El caso Gregory Sanabria: un activista entre el exilio y la detención
El activista venezolano Gregory Sanabria, reconocido por haber sido encarcelado y torturado en Venezuela por su postura crítica frente al régimen chavista, enfrenta ahora una nueva batalla: su permanencia bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), tras la negativa de las autoridades estadounidenses de concederle libertad bajo fianza.
La decisión fue tomada en el mes de julio de 2025, pese a los argumentos legales presentados por su defensa, que insisten en que Sanabria no representa riesgo alguno para la seguridad nacional, no posee antecedentes criminales en Estados Unidos y ha cumplido cabalmente con todos los requerimientos migratorios desde su ingreso al país en 2022.
El rechazo ha generado una ola de indignación entre organizaciones de derechos humanos y líderes de la diáspora venezolana en Estados Unidos, que advierten que su retorno forzado a Venezuela significaría un riesgo mortal para su integridad física.
De sobreviviente de tortura al encierro en suelo norteamericano
Gregory Sanabria Tarazona, de 31 años, es considerado por múltiples organizaciones como un ex preso político, víctima directa de la represión sistemática del chavismo. Fue arrestado en varias ocasiones dentro del país por manifestar abiertamente su oposición al régimen, y sufrió torturas en la temida prisión de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
En 2022, logró salir de Venezuela y cruzar la frontera sur de Estados Unidos con la intención de solicitar asilo político. Durante los últimos dos años, mantuvo un perfil legal, cumpliendo con las citas y requisitos exigidos por las autoridades migratorias.
Sin embargo, a mediados de junio de 2025, fue detenido cuando acudió voluntariamente a una revisión rutinaria relacionada con su proceso de asilo. Desde entonces, permanece recluido en un centro de detención de ICE en el estado de Texas.
Quizás le pueda interesar esta otra noticia:
👉 Venezuela al borde del colapso económico: inflación, sanciones y fuga petrolera
Indignación entre organizaciones y exiliados venezolanos
Diversas voces se han levantado en defensa de Sanabria. Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento donde advirtió que la vida del activista “corre un grave peligro si es deportado a Venezuela”. La organización considera que la decisión de ICE ignora los tratados internacionales en materia de protección a víctimas de persecución política.
Además, abogados especializados en migración aseguran que el caso de Sanabria es emblemático del trato que han recibido numerosos activistas latinoamericanos que huyen de regímenes autoritarios, como el de Venezuela, Cuba o Nicaragua. “No tiene antecedentes, colaboró con el proceso migratorio y fue honesto desde el principio. No representa un peligro para nadie. Su detención es arbitraria”, señaló su defensa legal.
¿Una contradicción en la política de asilo de EE. UU.?
El caso ha abierto un debate sobre las incongruencias del sistema de asilo estadounidense, especialmente cuando se trata de personas que han huido de regímenes dictatoriales. Mientras la administración de Joe Biden ha declarado públicamente su rechazo al régimen de Nicolás Maduro, los hechos muestran que algunos venezolanos perseguidos políticamente no están recibiendo la protección esperada.
Analistas consultados por medios independientes aseguran que el sistema de detención de ICE opera con criterios rígidos que muchas veces no contemplan la naturaleza política o humanitaria del solicitante, especialmente si no tiene una representación legal robusta desde el principio del proceso.
En este contexto, la negativa de otorgar fianza a Gregory no solo amenaza su libertad, sino que también pone en tela de juicio la coherencia de la política exterior de Estados Unidos respecto a Venezuela.
Un preso político más, pero esta vez en territorio libre
Lo que sorprende a muchos es que Sanabria, quien logró salir del infierno carcelario en su país, hoy se encuentra tras las rejas en uno de los países que históricamente ha defendido los derechos humanos y el refugio político.
Para la comunidad venezolana en el exilio, es una señal preocupante que podría sentar un precedente negativo para otros casos de refugiados políticos. Si alguien como Gregory, con un historial tan documentado de persecución, no logra protección, ¿qué garantías tienen los demás?
Solidaridad internacional comienza a crecer
En redes sociales, el caso ha sido ampliamente difundido bajo etiquetas como #LiberenAGregory y #JusticiaParaGregory, y se espera que en los próximos días se convoquen manifestaciones pacíficas en Miami, Houston y Washington D. C. para exigir su liberación.
Organismos como Human Rights Watch también están evaluando emitir un informe detallado sobre su situación, mientras activistas en Venezuela denuncian que el régimen de Maduro sigue solicitando a través de Interpol la extradición de opositores en el exilio, aunque estas alertas rojas han sido ignoradas por múltiples países debido a su motivación política.
Una vida marcada por la resistencia
Gregory Sanabria no ha dejado de luchar desde su adolescencia. Primero en las calles de Venezuela, luego desde las celdas del SEBIN, y ahora desde un centro de detención en Texas, su historia refleja el drama silencioso de miles de perseguidos que buscan refugio, pero terminan encarcelados nuevamente.
Su caso requiere más que solidaridad: necesita acción urgente. Porque si la democracia no puede proteger a quienes han dado la cara contra las dictaduras, entonces corre el riesgo de fallarle a todos.
