La figura del sicario del Tren de Aragua vuelve al centro de la atención tras su recaptura en Barrancabermeja, Colombia, luego de su impensada liberación desde una cárcel chilena por un error judicial. Este caso ha puesto en evidencia graves fallos en los sistemas de justicia y la importancia de la cooperación internacional contra el crimen organizado.
Contexto y huida
Alberto Carlos Mejía Hernández, de 18 años y vinculado a la megabanda criminal venezolana Tren de Aragua, fue acusado por el homicidio del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como “El Rey de Meiggs”, en Ñuñoa, Santiago de Chile, el pasado 19 de junio. Tras ser detenido, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó su prisión preventiva, pero el 10 de julio, una resolución electrónica lo liberó por error, lo que generó una profunda controversia.
La fuga y falsa identidad
Mejía Hernández habría huido usando una identidad falsa—Osmar Ferrer—y logró salir de Chile por Arica. Se sospechó que podría haberse refugiado en Argentina o Perú, generándose alertas rojas en varios países. Llegó a Colombia donde, para evitar ser reconocido, se tiñó el cabello de rubio.
El rastro del tatuaje que lo delató
Lo que finalmente permitió su captura fue un tatuaje del rostro de Zeus en la mano derecha, comparado con registros de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. Este distintivo físico fue decisivo pese al intento de desfiguración mediante cambio de apariencia.
La operación binacional
La detención se concretó en la ciudad de Barrancabermeja (Santander, Colombia), gracias a una operación coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de INTERPOL Chile, Carabineros y la PDI, en el marco del programa de asistencia contra el crimen transnacional. El director general de la Policía colombiana, general Carlos Fernando Triana, enfatizó que “seguiremos trabajando coordinados contra el crimen organizado y las estructuras criminales transnacionales como el Tren de Aragua”
Extradición en marcha
Chile ya inició los trámites de extradición. El ministro de Seguridad de ese país, Luis Cordero, confirmó que el proceso podría extenderse entre dos y tres meses, dependiendo de los procedimientos coordinados entre el Ministerio Público y la Cancillería chilena, junto con la correspondiente tramitación judicial en Colombia.
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El episodio refleja un grave fallo institucional: liberar por error a un acusado de homicidio calificado. Pone en duda la seguridad de los procesos electrónicos judiciales y exige una revisión urgente de mecanismos de control. Además, demuestra que las redes delictivas venezolanas, como el Tren de Aragua (considerado organización criminal violenta y designado como terrorista por EE. UU.), pueden operar con relativa libertad si el sistema judicial falla.