A un año de su detención: Familiares exigen libertad plena para la presa política María Oropeza

Tiempo de lectura: 3 minutos

Acarigua, 6 de agosto de 2025. Hoy se cumple un año de la detención arbitraria de María Oropeza, una activista política del estado Portuguesa que, fue privada de libertad sin orden judicial, sin derecho a defensa privada y sin acceso a su expediente legal. Su caso, uno entre tantos que evidencian la persecución política en Venezuela, ha encendido las alarmas de organizaciones defensoras de derechos humanos.

En exclusiva para Llanero Digital, Luisanny Camacho, hermana de la detenida, relató los abusos e irregularidades que rodean el caso de María Oropeza, quien permanece en el centro de reclusión conocido como El Helicoide, señalado como uno de los centros de tortura más temidos del continente.

“Entraron a nuestra casa tumbando la reja. Se la llevaron a la fuerza, sin ninguna orden judicial. Desde ese momento no ha tenido derecho a un abogado privado y nunca hemos podido acceder a su expediente. Todo ha sido completamente arbitrario”, afirmó Camacho.

¿Por qué está presa María Oropeza?

Los cargos imputados a Oropeza son terrorismo e incitación al odio, figuras jurídicas utilizadas frecuentemente por el régimen chavista para criminalizar la disidencia. Sin embargo, según su familia, su único “delito” fue trabajar por el cambio democrático en Venezuela, organizando actividades para apoyar la candidatura de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

“Mi hermana no es una criminal. Es una mujer honesta, trabajadora, con valores sólidos. Solo luchó por un país distinto y eso le costó su libertad”, denunció su hermana con profunda indignación.

Un año sin justicia ni derechos

A lo largo de este año, no ha habido avances en el proceso judicial, ni se han respetado los principios básicos del debido proceso. Luisanny denuncia que María sigue sin abogado, sin visitas regulares y sin atención médica adecuada, lo que representa una grave violación de sus derechos fundamentales.

“Estar encerrada injustamente durante un año ha sido muy duro para ella, pero sigue firme, agarrada de la mano de Dios y de la Virgen de Coromoto”, expresó Luisanny.

La situación también ha afectado profundamente a la familia:

“María es el pilar de esta familia. Para mi madre, para mi abuela y para mí, verla encerrada injustamente es un dolor que no se puede describir. Nos arrebataron la tranquilidad sin motivo alguno”, lamentó Camacho.

Un llamado a las autoridades

Ante este panorama de injusticia, Luisanny Camacho hace un llamado claro y contundente:

“Lo que exigimos es libertad plena para María, y no solo para ella, sino para todas las mujeres presas políticas que llevan años encerradas siendo inocentes. Las autoridades deben entender que mi hermana no es ninguna criminal”, finalizó.

Régimen de Maduro mantiene encarcelados a opositores y militares disidentes

El más reciente informe del Foro Penal reveló una cifra alarmante sobre la situación de los llamados presos políticos en Venezuela: 807 personas siguen privadas de libertad por causas relacionadas con persecución política.

La mayoría de estas detenciones afectan a hombres (712), pero también hay 95 mujeres, y preocupantemente, 4 de los detenidos son menores de edad. Además, la distribución por sector evidencia la militarización del conflicto: 638 civiles y 169 militares figuran en esta lista negra del chavismo.

Entre la represión y la impunidad: cifras que hablan por sí solas

El informe también señala lo siguiente sobre la condición de estos presos:

  • 9 nuevos encarcelamientos en la última semana.
  • 55 personas excarceladas, pero bajo medidas que limitan su libertad.
  • 155 condenados formalmente por tribunales del régimen.
  • 652 detenidos sin sentencia alguna, en flagrante violación del debido proceso.
  • Se desconoce el paradero de 44 personas, lo cual podría constituir desapariciones forzadas.
  • 83 detenidos son extranjeros, una muestra del alcance del autoritarismo más allá de las fronteras venezolanas.

Desde 2014, el Foro Penal ha documentado 18.455 detenciones con fines políticos, lo que evidencia la constante criminalización de la disidencia.

La represión como política de Estado

Aunque más de 14.000 personas han sido excarceladas gracias a la presión de organizaciones de derechos humanos, al menos 9.000 siguen sometidas a medidas restrictivas, sin estar formalmente presas. Esto significa que el Estado mantiene a miles de ciudadanos bajo vigilancia y represión constante.

El informe fue remitido tanto a la OEA como a la ONU, para su respectiva certificación, en un intento de que organismos internacionales mantengan el foco sobre la sistemática violación de derechos humanos en el país.

El Foro Penal aclara que su conteo no incluye a detenidos que fueron liberados en menos de 48 horas, por lo que el número total de víctimas de detenciones arbitrarias podría ser aún mayor.

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