María Alejandra Díaz refugiada en embajada colombiana exige libertad
María Alejandra Díaz refugiada en la Embajada de Colombia en Caracas desde enero de 2025, enfrenta una situación crítica. La abogada constitucionalista, disidente del chavismo, interpuso un recurso legal para exigir la publicación de los resultados desagregados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, lo que desencadenó una represalia institucional en su contra.
Severas sanciones: multa, suspensión profesional y pérdida de trabajo
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aplicó una multa significativa, la suspendió del ejercicio legal y ordenó abrir un proceso disciplinario en el Colegio de Abogados. Se le prohibió ejercer a pesar de sus 35 años de trayectoria profesional. Díaz denunció que estas medidas fueron adoptadas sin un debido proceso y calificó la sanción como “inédita”
En tensión con el régimen de Maduro
Desde que solicitó un salvoconducto para abandonar Venezuela, el régimen de Maduro lo ha negado repetidamente. Esta negativa mantiene en tensión a la representación diplomática entre Caracas y Bogotá. Las autoridades venezolanas incluso han afirmado que Díaz “no está siendo perseguida”
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, denunció acoso institucional contra Díaz, señalando que su caso forma parte de una estrategia más amplia para silenciar a abogados críticos que defienden víctimas de violaciones de derechos humanos.
Provea exige su derecho al asilo
La ONG Provea ha respaldado públicamente su situación, enfatizando que el derecho al asilo es constitucional y que Díaz es claramente víctima de persecución por motivos políticos. Marino Alvarado, del equipo Provea, insistió que corresponde a otros países reconocer su condición de perseguida política.
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Contexto y relevancia política
María Alejandra Díaz, exintegrante del chavismo y constituyente en 2017, se convirtió en una figura crítica del régimen al exigir transparencia electoral. Su posición institucional la transformó en objetivo de sanciones del régimen, especialmente tras promover recursos junto al Frente Democrático Popular.
Además de su labor como abogada, fue consultora de VTV y conductora del programa Leyes del Pueblo, con una amplia trayectoria académica y profesional en derecho constitucional.
