El candidato del ELN en Venezuela que hoy aspira a un cargo político en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, es José Bladimir Bigott Portela, alias El Mecha, un reconocido cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su postulación al Concejo Municipal de Elorza por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) evidencia, una vez más, la peligrosa alianza entre el chavismo y grupos guerrilleros irregulares, amparada por el régimen de Nicolás Maduro.
Bigott Portela ha operado durante años con plena impunidad en Apure, donde mantiene control armado de zonas rurales y urbanas. Residentes denuncian que el ELN ha tomado lugares públicos como basureros, fundos y sabanas, desplazando a la población civil con amenazas, violencia y desapariciones forzadas. La población vive bajo el terror de hombres armados que se autoproclaman “autoridad local”, actuando con total libertad mientras se les premia con espacios políticos bajo el ala del chavismo.
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El ELN se infiltra en las instituciones con aval del PSUV
La relación entre estos grupos criminales y el régimen de Maduro no es nueva. El propio alias El Mecha ha estado vinculado con redes de extorsión, sicariato y desapariciones. Uno de sus gatilleros, Andrés Daniel Brito Ramos, alias El Ojón, fue herido y capturado por una comisión mixta de la DGCIM, Sebin y Conas luego de un intento de fuga por el río. Su detención dejó en evidencia la red de corrupción y colaboración entre guerrilleros y funcionarios de inteligencia militar.
Habitantes de Elorza relatan que estos grupos no solo controlan territorios estratégicos, sino que también reclutan adolescentes de 15 a 17 años para engrosar sus filas. Las madres, sin apoyo del Estado, denuncian la desaparición de sus hijos mientras los cabecillas guerrilleros son promovidos como “líderes políticos” por el partido de gobierno.
Alias El Mecha y su red también compraron fundos en zonas rurales, donde tienen centros de operaciones para torturas, reuniones armadas y ejecuciones extrajudiciales. La falta de acción de la Fiscalía y el silencio del CNE sobre su candidatura demuestran la normalización del crimen organizado como herramienta política del chavismo.
Candidato del ELN en Venezuela representa el fracaso institucional
El caso de José Bladimir Bigott Portela confirma que el Estado venezolano ha sido secuestrado por una estructura criminal que ya no disimula su alianza con el crimen organizado. No se trata de un caso aislado. La presencia del ELN en municipios fronterizos como Elorza es conocida y tolerada. De hecho, alias Dieguito y alias El Indio, también miembros de esta guerrilla, actúan como autoridades paralelas, cobrando “impuestos” y dictando normas de convivencia bajo amenaza de muerte.
La población, intimidada, ya no puede salir a las calles con libertad. Las alcabalas del ELN se han multiplicado, y quienes desafían su control terminan desaparecidos o ejecutados. Vecinos afirman que incluso los espacios públicos se han convertido en zonas de exclusión bajo amenaza, mientras funcionarios del PSUV continúan en silencio o colaborando activamente.
Este caso no solo pone en evidencia el colapso del Estado de derecho, sino también cómo el régimen de Nicolás Maduro ha abierto las puertas de la política a grupos armados. Elorza se ha convertido en un experimento de poder narco-guerrillero con aval electoral.
