Colectivos chavistas agredieron acto religioso por presos políticos

Colectivos chavistas agredieron misa en Caracas, congregados frente a capilla con pancartas oficiales
Tiempo de lectura: 3 minutos

Una ONG venezolana denunció que colectivos chavistas agredieron misa donde familiares y activistas rezaban por presos políticos, exigiendo a la Fiscalía abrir una investigación penal y otorgar medidas de protección urgentes. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos atribuye estas agresiones a simpatizantes del régimen, quienes interrumpieron la ceremonia religiosa con amenazas verbales y físicas.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos pidió este martes a la Fiscalía General que actúe con celeridad frente a los hechos ocurridos durante un acto religioso celebrado en la Capilla San Antonio, ubicada al oeste de Caracas. Según la ONG, los agresores, portando consignas oficialistas, hostigaron a los asistentes denunciando respaldo municipal para detener la ceremonia.

Colectivos chavistas agredieron misa y documentan pruebas

El domingo 6 de octubre, miembros del Comité realizaron una jornada de oración para pedir la liberación de presos políticos. Al menos diez personas identificadas como partidarias del oficialismo intentaron frenar el acto religioso, agrediéndolos verbal y físicamente, proferiendo amenazas de encarcelamiento arbitrario y alegando tener respaldo de una autoridad municipal para impedir la misa.

La ONG aseguró que los hechos están respaldados por fotografías y grabaciones en video donde se observan rostros, amenazas y acciones intimidatorias atribuidas a colectivos. En esos materiales también se aprecia la presencia de individuos con conexiones históricas con grupos paramilitares ligados al oficialismo.

Denuncia formal a la Fiscalía y pedido de medidas urgentes

Frente a los hechos, el Comité solicitó a la Fiscalía General de Venezuela abrir una investigación penal de oficio, sancionar a los agresores (responsables materiales e intelectuales) y otorgar medidas de protección urgentes a madres, familiares y defensores que participen en actos religiosos o reclamen justicia por los privados de libertad.

Según datos del Foro Penal, ONG que vigila casos de presos políticos en Venezuela, existen 838 personas detenidas por motivos políticos bajo su criterio. La dictadura y la Fiscalía rechazan esa cifra y aseguran que ninguno está detenido con motivaciones políticas.

Intimidación incluso dentro del templo

Durante la misa, el Comité denunció la presencia de funcionarias de los cuerpos de inteligencia que ingresaron al templo fingiendo ser feligresas. En realidad, habrían grabado y fotografiado a los asistentes, extendiendo la intimidación dentro del espacio religioso. Para los activistas, esta acción constituye una violación del carácter sagrado del acto de fe.

Antecedentes de agresiones oficiales

No se trata de la primera vez que ocurren agresiones similares. En agosto pasado, durante una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, familiares de presos políticos fueron atacados por simpatizantes oficialistas. La Defensoría del Pueblo reconoció la agresión, pero indicó que los agresores no habían sido identificados, e instó a que las víctimas formalizaran denuncias ante la Fiscalía.

Qué está en juego y la urgencia de acción

La agresión a una ceremonia religiosa trasciende el ámbito político: atenta contra la libertad de culto y los derechos humanos más básicos. Que colectivos vinculados al oficialismo entren en una iglesia para amedrentar creyentes y activistas demuestra cómo operan mecanismos de coerción para silenciar el disenso.

Frente a ese panorama, la Fiscalía no puede permanecer indiferente. Abrir una investigación con imparcialidad y garantizar medidas de protección es esencial para evitar que estos actos se repitan y reafirmar el principio de que nadie está por encima de la ley.

Llamado a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos

El caso requiere atención más allá de fronteras. Organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deben monitorear y presionar para que el régimen en Venezuela rinda cuentas. La comunidad democrática global debe respaldar a ONG y familiares que sufren acoso por reclamar lo más elemental: justicia.

ℹ️ Con información de:

🌐 Infobae
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