Colombianos detenidos en Venezuela: 37 familias denuncian detenciones arbitrarias

La detención de colombianos en Venezuela se ha convertido en un drama humano que refleja la falta de transparencia y el abuso de poder del régimen de Nicolás Maduro. Desde septiembre de 2024, al menos 37 colombianos han sido capturados en circunstancias dudosas, acusados sin pruebas de ser “mercenarios” o “terroristas”. Sus familias denuncian arbitrariedades, violación de derechos humanos y ausencia de debido proceso.

El caso de Manuel Tique: de capacitación laboral a acusado de “mercenario”

Uno de los casos más emblemáticos es el de Manuel Tique, ingeniero industrial colombiano que desapareció el 14 de septiembre de 2024 en la frontera. Viajó para participar en capacitaciones, pero tras un control migratorio fue detenido sin explicación.

Un mes después, el ministro venezolano Diosdado Cabello lo acusó públicamente de ser un “reclutador de paramilitares”, vinculándolo con supuestos planes terroristas.

Su hermana, Diana Tique, asegura que todo es un montaje:

“No tiene antecedentes, ni relación con la política. Era la primera vez que viajaba a Venezuela. Lo están usando como chivo expiatorio”.

37 colombianos detenidos bajo acusaciones políticas

Según cifras oficiales de la Cancillería de Colombia, desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 —cuestionadas por organismos internacionales por fraude y falta de transparencia—, 37 colombianos han sido arrestados en Venezuela.

Los cargos son repetitivos: “mercenarios, terroristas, desestabilizadores del orden público”. Estos delitos pueden significar décadas de cárcel, a pesar de que no existen pruebas concretas.

Amnistía Internacional y el Consejo Danés para Refugiados (DRC) han denunciado que estas detenciones son arbitrarias y motivadas políticamente. Ver denuncia oficial de Amnistía Internacional.

Prisiones denunciadas por tortura: Rodeo I en el punto de mira

Muchos de los colombianos están recluidos en la cárcel Rodeo I, en Miranda. Testimonios recogidos por familiares y ONG describen celdas inhumanas, poco acceso a agua y aislamiento prolongado.

En junio de 2024, varias organizaciones enviaron una carta al Ministerio de Asuntos Penitenciarios de Venezuela denunciando condiciones “crueles e inhumanas que podrían constituir tortura”.

“Imagina que te encapuchen cada vez que te llevan al patio. Viven en un régimen de miedo permanente”, relató Diana Tique.

Críticas al silencio de Petro frente a Maduro

Mientras las familias exigen gestiones más firmes, el gobierno de Gustavo Petro se limita a hablar de “acompañamiento”. El viceministro de asuntos multilaterales, Mauricio Jaramillo, dijo que Colombia respeta la “soberanía venezolana” y evita confrontar directamente a Caracas.

Este silencio ha sido duramente criticado por sectores opositores en Colombia, que consideran que Petro está legitimando al dictador Maduro al mantener relaciones diplomáticas.

Historias repetidas: colombianos atrapados en la misma pesadilla

El caso de Martín Rincón, palmicultor detenido en Arauca en septiembre de 2024, refleja el mismo patrón: capturas ilegales, acusaciones sin pruebas y meses de incomunicación.

Su esposa, Viky Latorre, se convirtió en vocera de 18 familias y denuncia:

“Todos fueron detenidos sin debido proceso, sin juicio, y sin derechos básicos. Esto es persecución política contra inocentes”.

Un drama humano que exige presión internacional

Las familias organizan plantones y protestas en Bogotá para exigir a la Cancillería que interceda de forma más firme. Sin embargo, la respuesta oficial sigue siendo débil.

Organismos internacionales como la ONU y la OEA han expresado preocupación, pero las detenciones continúan. El comisionado de la ONU, Volker Türk, confirmó que al menos 1.500 presos políticos permanecen tras las rejas en Venezuela.

Conclusión: incertidumbre y exigencia de justicia

El drama de los colombianos detenidos en Venezuela es una muestra más de cómo el régimen de Maduro utiliza las instituciones judiciales como herramienta de represión.

La falta de transparencia, los procesos judiciales inexistentes y las condiciones infrahumanas en las cárceles son una clara violación del derecho internacional.

Mientras tanto, 37 familias colombianas viven en la incertidumbre, sin saber cuándo volverán a abrazar a sus seres queridos.