El director del CICPC sostiene que el país vive una “reducción histórica” del delito
En un intento por maquillar la crítica situación de seguridad que vive Venezuela, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, aseguró recientemente que el país es uno de los más seguros de América Latina.
Durante una transmisión por televisión estatal, el funcionario indicó que la tasa de homicidios en 2024 fue de 4,1 por cada 100.000 habitantes, una cifra que contrasta radicalmente con reportes de organizaciones independientes, que denuncian un subregistro de delitos y una sistemática manipulación de estadísticas por parte del régimen.
Según Rico, este supuesto descenso es producto de la implementación de los llamados “Cuadrantes de Paz”, un sistema de patrullaje sectorizado que involucra a cuerpos policiales, militares y organizaciones comunitarias.
“Hemos logrado avances importantes en la reducción del delito”, afirmó el director del CICPC, mientras defendía el modelo de seguridad aplicado por el régimen chavista, el cual se basa en la coordinación entre civiles, funcionarios y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
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Las 7 Transformaciones y la propaganda de seguridad del régimen
Douglas Rico también vinculó la reducción de la criminalidad con el plan gubernamental de las “7 Transformaciones”, propuesto por Nicolás Maduro para el período 2025–2030. Según el funcionario, la seguridad pública forma parte de la “integridad nacional” que el régimen busca reforzar en los próximos años.
“Los Cuadrantes de Paz son clave en esta transformación. Ayudan a fortalecer la defensa del país y la seguridad de nuestros ciudadanos”, dijo.
El plan de las 7T, como es conocido en la narrativa oficialista, ha sido señalado por críticos como una estrategia populista para mantener el control político bajo discursos vacíos, sin enfrentar las verdaderas causas del colapso institucional y social del país.
Organizaciones denuncian opacidad y falta de cifras reales
A pesar de los datos presentados por Rico, diversas ONG y expertos en criminología cuestionan la veracidad de las cifras de homicidios reportadas por las autoridades. Afirman que desde hace años, el régimen ha dejado de publicar estadísticas oficiales completas y confiables, lo que impide una verdadera evaluación de la violencia en el país.
Instituciones como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) han advertido que el subregistro de crímenes es alarmante, y que los datos actuales no reflejan la realidad que viven los ciudadanos en calles dominadas por la impunidad, bandas armadas, y en algunos casos, por la complicidad de funcionarios corruptos.
En su último informe, el OVV estimó que la tasa real de homicidios en algunas regiones del país podría superar los 35 por cada 100.000 habitantes, ubicando a Venezuela entre los países más peligrosos del continente, no entre los más seguros, como asegura el régimen.
Para más contexto sobre los datos de criminalidad en América Latina, puedes consultar este análisis actualizado de Insight Crime o el último informe regional de Human Rights Watch.
Fuerzas policiales y militares con más poder, pero menos transparencia
Uno de los pilares del discurso oficial es la participación conjunta de las fuerzas del orden público y el llamado “poder popular organizado”, que ha sido duramente criticado por fomentar estructuras de vigilancia vecinal y control social bajo directrices políticas del PSUV.
En la práctica, el modelo de seguridad del régimen prioriza la presencia militar y policial en las calles sobre la prevención del delito, mientras restringe el acceso a la información pública y evita auditorías independientes.
Además, hay múltiples denuncias sobre la participación de funcionarios de seguridad en violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, que no suelen ser investigadas ni castigadas.
¿Seguridad real o relato oficialista?
La narrativa promovida por Douglas Rico se enmarca en una campaña del régimen para dar una imagen de estabilidad de cara al contexto electoral y a la presión internacional. No obstante, los venezolanos viven una realidad muy distinta, en la que el miedo, el crimen y la impunidad son parte del día a día.
Mientras se intenta instalar la idea de que Venezuela está dejando atrás los altos niveles de criminalidad, los datos independientes y testimonios ciudadanos reflejan otra cara de la moneda, una en la que la inseguridad continúa siendo uno de los problemas más graves del país.
Conclusión
Las declaraciones del director del CICPC, Douglas Rico, carecen de respaldo verificable y se presentan como parte de una estrategia propagandística del régimen chavista. Venezuela sigue enfrentando altos niveles de violencia estructural, con organizaciones criminales en expansión, un sistema judicial colapsado y una ciudadanía desprotegida.
Decir que Venezuela es “una de las más seguras de América Latina” no solo es una exageración, sino una burla para miles de víctimas que han perdido a familiares por culpa de la delincuencia impune y de un sistema que prioriza la apariencia antes que la justicia.
