Exilio periodístico en Venezuela se ha convertido en una de las consecuencias más evidentes del colapso institucional y la censura ejercida por el régimen de Maduro. Según un reciente informe titulado Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024, Venezuela, Nicaragua y Cuba concentran el 92,3% del total de periodistas exiliados en América Latina.
El estudio, elaborado por la Universidad de Costa Rica en conjunto con Fundamedios, la Cátedra Unesco UDP de Chile y la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, documenta al menos 477 periodistas venezolanos que han sido forzados a abandonar su país como resultado de la persecución política y el cierre del espacio cívico.
Este fenómeno ha generado desiertos informativos en regiones completas de Venezuela, dejando a la ciudadanía sin acceso a fuentes confiables, mientras el régimen impone su narrativa única a través de medios controlados por el Estado.
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Una profesión bajo asedio
El exilio periodístico en Venezuela no es solo un reflejo de la represión, sino una estrategia sistemática del régimen para silenciar cualquier voz disidente. La censura, el acoso judicial, la vigilancia digital y las detenciones arbitrarias forman parte del repertorio de agresiones utilizadas para intimidar a los comunicadores sociales.
Organizaciones como Espacio Público y IPYS Venezuela han denunciado por años cómo el aparato estatal criminaliza el ejercicio del periodismo independiente, llevando a decenas de profesionales a huir del país para salvar sus vidas y mantener su labor informativa desde el exilio.
El documento revela que los periodistas que abandonan Venezuela frecuentemente lo hacen en dos etapas: primero a países de tránsito como Colombia, y luego a destinos más estables como Estados Unidos, España, Argentina o Chile. En muchos casos, deben enfrentar rutas irregulares debido a la retención de pasaportes o restricciones migratorias impuestas por el régimen.
Consecuencias del silencio impuesto
El informe no solo destaca la cifra creciente de exiliados, sino también el daño estructural que esta migración forzada causa al derecho a la información. Las zonas sin cobertura independiente, el monopolio mediático estatal y la autocensura generalizada han transformado a Venezuela en un país donde la desinformación es política de Estado.
Además, la mayoría de los periodistas en el exilio enfrenta precariedad económica, discriminación laboral y barreras legales para continuar ejerciendo su profesión en los países de acogida. Muchos abandonan la carrera periodística, sumándose al deterioro del ecosistema informativo en la región.
A pesar de ello, cientos de periodistas siguen trabajando desde el exterior, fundando medios digitales, colaborando con redes internacionales y documentando las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. Sus voces, aunque a distancia, se mantienen firmes como un acto de resistencia frente a la censura.
Una estrategia continental
El fenómeno del exilio periodístico no se limita a Venezuela. Nicaragua y Cuba presentan contextos similares, donde los regímenes autoritarios han cerrado medios, encarcelado reporteros y perseguido judicialmente a los críticos. Sin embargo, Venezuela sigue siendo el epicentro regional del desplazamiento de comunicadores.
“El Ejecutivo lidera la persecución mediática”, señala el informe, resaltando cómo en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, la represión a la prensa se ejerce directamente desde el poder presidencial.
Los testimonios recogidos revelan una realidad común: periodistas perseguidos, estigmatizados, despojados de su nacionalidad y forzados a huir sin garantías legales. Todo esto en nombre de una supuesta estabilidad que solo busca ocultar la verdad y perpetuar el poder.
