Maltrato animal en Venezuela: Fiscalía amenaza con cárcel y multas desproporcionadas
Maltrato animal en Venezuela será castigado con severas penas, según anunció el fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, a través de la cuenta oficial del Ministerio Público en Instagram. Las sanciones van desde multas de hasta 2.000 Unidades Tributarias hasta penas de prisión de seis años, lo que ha generado diversas reacciones entre la ciudadanía y activistas.
La nueva normativa establece castigos para prácticas como la privación de luz, aire, alimento, higiene y abrigo. Estas acciones serán penalizadas con multas que oscilan entre 1.000 y 2.000 UT, lo cual representa, en términos actuales, un monto entre $343 y $685, aproximadamente, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (Bs. 125,42 por dólar).
Si el maltrato es grabado en video, la pena de prisión se eleva a entre tres y seis años, acompañado de multas de 600 a 1.000 UT, lo que representa entre $205 y $343.
Aunque la intención de proteger a los animales es valorada, surgen cuestionamientos legítimos sobre la proporcionalidad de las sanciones, especialmente en un país donde los crímenes de corrupción, abuso de poder y represión política quedan impunes o son selectivamente ignorados por las instituciones controladas por el chavismo.
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¿Justicia o show político del régimen chavista?
Para muchos analistas, el anuncio del fiscal Saab responde más a una estrategia de distracción mediática que a un compromiso genuino con la defensa animal. En una nación donde la institucionalidad ha sido socavada por años de autoritarismo, la Fiscalía chavista ha sido señalada repetidamente por su falta de independencia y su uso político de la ley.
Cabe destacar que el régimen aún no ha promulgado el proyecto de Ley para el Trato Digno y el Reconocimiento de los Derechos de los Animales, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional en 2023. A pesar del anuncio, el contenido de dicha ley permanece desconocido para la ciudadanía, lo que evidencia una falta de transparencia legislativa.
Además, activistas denuncian que no existen mecanismos efectivos de denuncia ni protección real para los animales en las comunidades. La gran mayoría de los casos de crueldad animal no se investigan ni llegan a los tribunales, y los pocos procesos iniciados suelen estancarse por falta de pruebas, testigos o voluntad política.
Un sistema judicial politizado y selectivo
La pregunta que muchos se hacen es: ¿realmente se aplicarán estas sanciones con equidad, o serán utilizadas como herramientas de intimidación o populismo judicial por parte del régimen de Maduro?
En un país donde las cárceles están llenas de presos políticos y los abusos policiales son cotidianos, resulta contradictorio que el Ministerio Público pretenda ahora mostrarse como defensor ejemplar de los derechos de los animales, mientras ignora los derechos humanos de millones de venezolanos.
Esta es una muestra más de cómo el chavismo intenta construir una narrativa artificial de “justicia social” para maquillar su deteriorada imagen internacional.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen enfrentando pobreza extrema, inseguridad, inflación y corrupción, sin que las instituciones respondan a estas problemáticas de fondo. Las prioridades parecen estar invertidas.
