Un tribunal venezolano condenó a 10 años de cárcel a Verónica Andreina Rojas Soto, de 44 años, por emitir un comentario crítico contra el régimen de Maduro en una conversación privada por WhatsApp. Fue acusada del delito de incitación al odio.

El caso ha generado revuelo entre defensores de la libertad de expresión y organizaciones de derechos humanos, que ven en la sentencia una clara estrategia para silenciar a los críticos. La mujer fue detenida hace tres meses, procesada y trasladada al Centro Penitenciario Femenino de Los Teques, mientras su hija radicada en Portugal exige que se revise la condena.

Contexto del caso

Según el medio El Tequeño, Rojas Soto hacía parte de una conversación privada con una amiga cuando formuló la crítica. Esa amiga fue arrestada pero liberada semanas después; Verónica, en cambio, fue procesada judicialmente.

Los familiares aseguran que la mujer padece problemas circulatorios preexistentes, lo cual podría agravarse dentro de prisión. Además, destacan que ella es una persona de hogar, dedicándose a su esposo y a una hija menor de 15 años, y que no representaba ningún riesgo público.

La joven Karelys Rojas, hija de la condenada y residente en Portugal, desplegó gestiones y denuncias ante organismos internacionales para que se revise la sentencia.

Este tipo de condenas se inscribe en una línea autoritaria del régimen de Maduro, donde la disidencia es reprimida incluso en ámbitos privados. La utilización del cargo de incitación al odio se ha convertido en una herramienta legal para perseguir opiniones que se apartan del discurso oficial.

Desde una perspectiva política de derecha, es esencial destacar que la libertad de expresión —incluso en espacios privados como WhatsApp— debe prevalecer frente al uso arbitrario de leyes que intentan acallar voces independientes. La sentencia evidencia cómo el poder estatal interviene incluso en la intimidad digital con fines represivos.

Este caso recuerda las tácticas de otros regímenes con orientación autoritaria: leyes ambiguas que penalizan la crítica, uso del aparato judicial como mecanismo de coerción y un mensaje de intimidación para cualquier ciudadano que ose cuestionar al poder.

Implicaciones legales y derechos humanos

La condena a 10 años por un comentario en una conversación privada va mucho más allá de una sanción concreta: apunta a un efecto disuasorio masivo. La sentencia no solo castiga a la persona, sino que manda un mensaje claro: la crítica incluso discreta no será tolerada.

Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han denunciado en múltiples ocasiones el uso excesivo de leyes de “incitación al odio” en Venezuela como herramientas para silenciar opositores.
Para quienes defienden los derechos fundamentales, esta decisión pone en entredicho la separación de poderes, el debido proceso y la integridad del sistema judicial.

Reacción y pedidos de revisión

La familia Rojas solicita una revisión urgente de la sentencia, apelando a su carácter desproporcionado y pidiendo que se valoren las condiciones de salud de Verónica. También piden garantías de un juicio justo en instancias superiores.

Por su parte, campañas en redes sociales y pronunciamientos en medios internacionales se han multiplicado para visibilizar el caso. Algunos analistas consideran que, ante la presión pública, podría existir la posibilidad de alguna modificación de la pena o medida humanitaria, aunque no hay garantías.

Conclusión

El caso de Verónica Rojas Soto reafirma una práctica ya recurrente bajo el régimen de Maduro: el uso de mecanismos legales para reprimir la disidencia. Cuando una conversación privada es suficiente para dictar una cárcel de una década, el Estado muestra el extremo autoritarismo con que trata la crítica.

Para quienes creen en una sociedad plural y en el derecho de opinar, esta sentencia es una advertencia grave: que ninguna expresión está libre bajo un sistema que considera al disidente enemigo. El caso exige atención internacional y acciones urgentes para proteger derechos fundamentales.