Martha Lía Grajales, defensora de derechos humanos, fue detenida e imputada por el régimen de Maduro tras participar en una vigilia pacífica frente a la ONU en Caracas, según confirmó el Ministerio Público. La activista enfrenta graves cargos por “incitación al odio”, “conspiración con gobierno extranjero” y “asociación”, sin que se hayan presentado pruebas contundentes respaldadas públicamente.
Imputación exprés sin transparencia
El comunicado oficial, difundido a través de Instagram, informó que la acto fue ejecutado dentro del lapso de ley, e inmediatamente se dictó una medida de privativa de libertad. No obstante, no se ha revelado el lugar exacto de reclusión, lo que genera preocupación e incertidumbre.
Provea y otras ONG han denunciado que tribunales venezolanos han negado recibir un recurso de hábeas corpus en favor de la activista, lo que se suma a las graves violaciones al debido proceso. El esposo de Grajales, acompañado por el abogado de Provea, visitó cinco centros policiales en Caracas sin obtener información sobre su paradero.
Clamor internacional por su liberación
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, emitió un llamado urgente para su liberación inmediata, además de exigir que se informe a la familia y al abogado de confianza sobre su situación y ubicación.
Provea también ha denunciado que la detención se produjo tras una desaparición forzada de más de 72 horas, sin notificación a familiares ni acceso a defensa privada. Su detención se enmarca, según estas organizaciones, dentro de un patrón represivo contra opositores y defensores de derechos humanos.
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La activista, integrante del colectivo SurGentes, fue arrestada el 8 de agosto mientras regresaba de la protesta frente a la ONU, tras haber denunciado ataques violentos contra madres de presos políticos frente al TSJ.
A pesar de las evidentes irregularidades, el régimen de Maduro mantiene su postura de imputación sin aclarar detalles ni garantizar los derechos de defensa. Esto agrava la percepción de arbitrariedad y falta de justicia en el sistema judicial venezolano.
Consecuencias y respuesta civil
Organizaciones como Provea, el Alto Comisionado de la ONU, y partidos de oposición han elevado la presión diplomática y mediática, exigiendo transparencia y respeto por la ley. El caso ha sido interpretado como un nuevo ejemplo del autoritarismo del régimen, que busca castigar a quienes se atreven a exigir justicia y libertad.
Conclusión
Martha Lía Grajales, activista y defensora de derechos humanos, fue imputada y detenida por el régimen de Maduro bajo cargos ampliamente cuestionados. Su caso representa, una vez más, cómo la disidencia política y la lucha por la democracia son perseguidas en Venezuela.
