La resolución conjunta, suscrita por los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Defensa; y Economía y Finanzas, impone la suspensión y prohibición inmediata de la fabricación, importación, compra, venta, distribución, capacitación, adiestramiento, registro y operaciones de drones en todo el país.
La medida se fundamenta, según los comunicados oficiales, en la necesidad de “regular y controlar” los vuelos de Aeronaves Pilotadas a Distancia, entendidas como potenciales riesgos para la seguridad aérea de Venezuela. El ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, difundió esta decisión el pasado 19 de agosto, apuntando al control total del espacio aéreo nacional.
El rol del INAC y organismos de seguridad en la restricción
Según lo comunicado, la única excepción a esta prohibición recae sobre los organismos de seguridad ciudadana y defensa, que podrán operar drones bajo supervisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). Este organismo queda facultado para coordinar con los entes de seguridad estatales la aplicación de la medida y resolver cualquier aspecto no previsto en la resolución. Se reitera que los aeromodelos y componentes relacionados también están afectados por la restricción, sin exceptuar su importación o uso civil común.
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Esta restricción draconiana plantea múltiples implicaciones:
- Económicas: la detención de importaciones y ventas de drones afecta a proveedores, emprendedores y empresas dedicadas a la fotografía aérea, vigilancia privada o agricultura de precisión.
- Tecnológicas: frenar el desarrollo y capacitación en el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia podría retrasar innovaciones estratégicas, especialmente en sectores rurales y de seguridad.
- Políticas: el lenguaje del texto oficial — al enfatizar la protección del régimen sobre la libertad operativa — sugiere un enfoque autoritario y de control centralizado.
- Jurídicas: el carácter prorrogable de la prohibición abre la puerta a una posible extensión prolongada de las restricciones, lo que podría ser objeto de debate dentro de la sociedad civil y el sector empresarial.
En paralelo, analistas de seguridad aérea advierten que este tipo de vulneraciones al espacio aéreo podrían conllevar a una concentración excesiva del poder estatal y limitar oportunidades de colaboración con actores privados.
