María Alejandra Díaz, ex constituyentista y ahora disidente del chavismo, lleva más de siete meses refugiada en la embajada de Colombia en Caracas. Su solicitud de asilo político fue aceptada verbalmente, pero el régimen de Nicolás Maduro se ha negado a emitir el salvoconducto que le permitiría salir del país bajo protección diplomática.
Desde enero de 2025, la también abogada permanece encerrada en la sede diplomática colombiana por temor a represalias del aparato represivo chavista. Díaz asegura que fue perseguida por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y que no ha recibido respuesta formal a su solicitud de salida del país.
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La situación de asilo político en Venezuela revela una vez más el modus operandi del dictador Maduro. Díaz había sido aliada del oficialismo hasta 2017, cuando empezó a distanciarse tras las maniobras ilegales del chavismo para desmantelar la Asamblea Nacional electa por mayoría opositora.
En 2024, tras las fraudulentas elecciones presidenciales del 28 de julio, María Alejandra Díaz exigió al Tribunal Supremo de Justicia la publicación de las actas y resultados oficiales. En respuesta, fue multada, inhabilitada y tratada como enemiga del Estado. Este patrón de represalias se ha vuelto común entre los disidentes chavistas.
Según el relato de la abogada, el embajador colombiano en Venezuela, Milton Rengifo, le notificó verbalmente la concesión del asilo, y afirmó que la Cancillería colombiana había informado oficialmente al régimen venezolano. Sin embargo, el salvoconducto sigue sin aparecer, lo que la mantiene atrapada y sin garantías de seguridad.
Diplomático, represión chavista
Durante estos meses, la abogada ha guardado silencio por petición del embajador, sin emitir declaraciones políticas. Aun así, su situación se volvió insostenible al conocer que el régimen chavista negó la existencia de persecución en su contra, algo que contradice los informes internacionales.
La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, hizo cinco preguntas sobre el caso al régimen de Maduro. Todas quedaron sin respuesta. Además, advirtió que este tipo de casos forman parte de un patrón de intimidación y represalias contra abogados defensores de derechos humanos.
Riesgo de tensiones diplomáticas
La negativa del régimen chavista podría escalar en una crisis bilateral con Colombia, similar a la ocurrida en 2024 con la embajada argentina. En aquella ocasión, varios dirigentes opositores refugiados fueron liberados tras una operación internacional con apoyo de EE.UU.
Díaz agradeció públicamente al presidente Gustavo Petro por el apoyo, pero exige que se cumplan los tratados internacionales que rigen el derecho al asilo diplomático. Hasta el momento, no existe comunicación oficial sobre una solución definitiva.
Este caso confirma la falta de garantías judiciales en Venezuela y la persecución sistemática de voces críticas, incluso desde el propio chavismo disidente.
