Una sentencia desproporcionada que evidencia la persecución política en Venezuela
En un nuevo caso que evidencia la represión judicial bajo el régimen chavista, dos jóvenes emprendedoras merideñas fueron sentenciadas a 10 años de prisión por haber estampado camisetas con imágenes satíricas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El Tribunal de Control N.º 3 de El Vigía, estado Mérida, impuso la pena bajo los delitos de “incitación al odio, traición a la patria y terrorismo”.
Las jóvenes afectadas son Génesis Gabriela Pabón Paredes, de 27 años, técnica superior en Radiología, y Rocío Del Mar Rodríguez Guillén, de 24, graduada en Administración de Empresas. Ambas se encontraban iniciando su emprendimiento cuando fueron detenidas en una operación que ahora se presume fue un montaje policial.
La denuncia fue expuesta públicamente por la reconocida periodista Sebastiana Barráez, colaboradora de Infobae, este jueves 17 de julio.
Montaje disfrazado de pedido: así las atraparon
El caso tuvo su origen el 16 de agosto de 2024, cuando las jóvenes recibieron un pedido especial por WhatsApp para estampar franelas. El cliente solicitó imágenes que hacían alusión a la derribada estatua de Hugo Chávez y al rostro del actual mandatario Nicolás Maduro.
Las emprendedoras, sin saber que se trataba de una trampa, cumplieron con el encargo. El pago fue de 45 dólares, y tras la entrega, el cliente desapareció. Posteriormente, funcionarios vestidos de civil, identificados como parte de cuerpos de inteligencia, las detuvieron y confiscaron todos sus equipos y mercancía.
Quizás le pueda interesar esta otra noticia:
👉 Venezuela al borde del colapso económico: inflación, sanciones y fuga petrolera
“Una operación sucia para ascender”: revelan detalles del caso
Según información recabada por medios independientes, los agentes involucrados en la captura habrían fabricado el caso como un “falso positivo” con el fin de obtener ascensos institucionales. Entre los funcionarios implicados destacan los nombres del comisario Jairo Pernía y los inspectores Yunior Marquina y Richard Blanco, quienes ahora enfrentan acusaciones por “traición a la patria y asociación para delinquir”.
A este escándalo se suma que dichos funcionarios estarían también vinculados a la fuga del exalcalde Abraham Hayón, lo que refuerza las sospechas de manipulación judicial en este y otros casos.
Una tienda con solo un mes de vida y un destino marcado por la represión
Génesis y Rocío tenían apenas un mes con su tienda cuando recibieron el pedido que sellaría su suerte. La defensoría pública, en voz de la abogada Carmen Elena Ojeda, calificó el proceso de “absolutamente injusto”, alegando que las jóvenes “solo querían trabajar”.
Ojeda también denunció que desde su reclusión, Génesis ha sufrido complicaciones de salud. A pesar de las peticiones de revisión del juicio, hasta la fecha no hay señales de apertura de un nuevo proceso.
Condenadas por estampar una imagen: ¿libertad de expresión o crimen?
Este caso no solo pone en entredicho la imparcialidad del sistema judicial venezolano, sino que también refleja la criminalización de la libertad de expresión. Las jóvenes no participaron en ninguna protesta ni emitieron declaraciones políticas. Su único “delito” fue estampar una imagen crítica, en un país donde cualquier gesto que contradiga la narrativa oficial es castigado con dureza.
Diversas ONG, como Amnistía Internacional, han denunciado cómo el régimen de Nicolás Maduro utiliza leyes ambiguas como la Ley contra el Odio para perseguir, encarcelar y silenciar a ciudadanos que ejercen sus derechos básicos.
Otro ejemplo de cómo se destruyen sueños en Venezuela
El caso de Génesis y Rocío se suma a una larga lista de abusos del aparato represor chavista contra ciudadanos inocentes. Estas jóvenes, formadas académicamente y con deseos de salir adelante, enfrentan ahora una década tras las rejas por ejercer su derecho al trabajo.
En un país donde la economía informal crece y el emprendimiento es la única vía de subsistencia para muchos, el mensaje que deja esta condena es claro: ningún espacio está libre del control y la persecución del régimen.
Este acto judicial no solo castiga un emprendimiento inocente, sino que busca enviar un mensaje intimidatorio al resto de la población: no se puede pensar diferente, ni siquiera en una camiseta.