El concejal de Bogotá Julián Uscátegui Pastrana encendió las alarmas internacionales al advertir sobre un presunto favorecimiento al régimen de Maduro desde el Gobierno izquierdista de Gustavo Petro. La denuncia, elevada directamente al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, busca que la Casa Blanca abra una investigación de carácter urgente para determinar si el Palacio de Nariño ha facilitado, por acción u omisión, operaciones de estructuras criminales vinculadas al Cartel de los Soles y al narcotráfico transnacional.
La solicitud no solo coloca al presidente Petro en el centro de la polémica, sino que también refuerza las críticas de sectores de derecha que lo señalan de ser complaciente con las dictaduras de la región y de mantener lazos ideológicos y económicos con Nicolás Maduro.
La denuncia: nexos del Gobierno izquierdista con el dictador Maduro
El documento presentado por Uscátegui el 26 de agosto de 2025 asegura que existen indicios claros de que el Gobierno izquierdista de Petro habría favorecido a estructuras criminales aliadas al dictador Maduro, comprometiendo la seguridad nacional de Colombia y la estabilidad de la región.
El concejal subrayó que mientras la comunidad internacional acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, Petro ha sostenido públicamente que tal organización no existe, desestimando pruebas de agencias de inteligencia de Estados Unidos y de organismos multilaterales. Según Uscátegui, esta posición no es casual, sino una estrategia política que podría terminar encubriendo a redes de narcotráfico transnacional.
Favorecimiento al régimen de Maduro y la política de Paz Total
Uno de los puntos más polémicos en la denuncia es la política de Paz Total impulsada por Petro, la cual, según Uscátegui, está diseñada más para beneficiar a criminales que para garantizar seguridad. El Proyecto de Ley No. 002 de 2025, también conocido como la “ley de sometimiento”, busca otorgar beneficios judiciales a integrantes de grupos armados y narcotraficantes, incluso a quienes han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Uscátegui denunció que esta política ha permitido la liberación y legitimación de jefes criminales con historial de narcotráfico y homicidios, quienes ahora figuran como “gestores de paz”. Entre ellos están Salvatore Mancuso, alias Don Berna, alias Julián Bolívar y alias Cuco Vanoy.
Desde su perspectiva, este modelo no solo es un error político, sino un claro ejemplo de favorecimiento al régimen de Maduro, ya que estas estructuras criminales tienen nexos con grupos armados que operan en la frontera colombo-venezolana bajo la sombra del dictador chavista.
Zona Binacional: un corredor para el crimen transnacional
Otro aspecto alarmante es la Zona Económica Especial Binacional entre Colombia y Venezuela, creada el 25 de julio de 2025 mediante un memorando de entendimiento entre Petro y Maduro. Para la oposición, este acuerdo no cuenta con disposiciones claras de seguridad y corre el riesgo de convertirse en un corredor seguro para el narcotráfico.
El concejal citó informes que advierten de la presencia de más de 43.000 hectáreas de coca controladas por disidencias de las FARC y el ELN en la zona de influencia del acuerdo. Bajo este panorama, la cooperación económica entre Petro y Maduro podría estar encubriendo negocios ilegales y ofreciendo una plataforma de protección para organizaciones narcoterroristas.
Cifras preocupantes: más coca, menos acción
De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), compartidos por Uscátegui, los cultivos de coca en Colombia pasaron de 230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023, un incremento del 10%. En paralelo, la producción potencial de cocaína aumentó un 53%.
Para el concejal, esta cifra refleja la falta de acciones firmes por parte del Gobierno izquierdista de Petro en la lucha contra el narcotráfico, lo que en términos prácticos puede interpretarse como un favorecimiento al régimen de Maduro y sus socios criminales.
Corrupción en la Ungrd: recursos estatales al servicio del ELN
La denuncia también incluyó señalamientos sobre corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exdirector Olmedo López confesó que existían contratos estatales dirigidos a regiones controladas por el ELN, lo que habría servido como fuente de financiamiento para este grupo armado ilegal.
El concejal argumentó que este entramado de corrupción no es un hecho aislado, sino parte de una red más amplia en la que los recursos públicos podrían estar siendo utilizados para reforzar estructuras aliadas al régimen de Maduro y su red narcoterrorista.
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Mientras tanto, Petro insiste en que el Cartel de los Soles es una creación de la “extrema derecha” para desprestigiar a gobiernos progresistas. Sin embargo, los datos de producción de cocaína, las alianzas con Maduro y los beneficios otorgados a jefes criminales cuestionan esa versión.
El señalamiento de Uscátegui deja ver que, más que un error ideológico, se trataría de un patrón de favorecimiento al régimen de Maduro, en donde la narrativa oficial del Gobierno izquierdista funciona como un velo que esconde la complicidad con carteles y estructuras criminales.
