Alcalde detenido sufre infarto en audiencia y genera conmoción en Táchira

El alcalde del municipio Ayacucho del estado Táchira, Yonnhy Liscano, colapsó en plena audiencia judicial este martes 15 de julio, en medio del proceso legal que enfrenta por presuntos actos de corrupción. El incidente ocurrió en los tribunales de San Cristóbal, capital tachirense, donde se desarrollaba una audiencia clave para su caso.

Según reportes del portal El Pitazo, Liscano se desmayó repentinamente frente a los asistentes, lo que generó alarma entre los presentes. Varias personas que se encontraban en la sala prestaron auxilio inmediato y lo trasladaron de urgencia al Hospital Central de San Cristóbal, donde fue ingresado en la Unidad de Cardiología para ser atendido por un aparente infarto agudo al miocardio.

El burgomaestre se encuentra detenido desde el pasado 20 de junio de 2024, tras ser capturado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por su presunta implicación en delitos vinculados al uso irregular de recursos públicos y violaciones a sus deberes como funcionario electo.

Acusaciones de corrupción y omisión de funciones

El Ministerio Público lo imputó formalmente por los delitos de corrupción, apropiación indebida de bienes públicos y omisión deliberada de funciones. Estos señalamientos han sido considerados por sectores políticos y defensores de derechos humanos como una posible represalia política, debido a que Liscano había manifestado su apoyo público al entonces candidato presidencial Edmundo González, durante un acto celebrado en Caracas apenas dos semanas antes de su arresto.

Distintas organizaciones y líderes opositores han denunciado que la captura de Liscano responde a una estrategia del régimen chavista para intimidar a funcionarios regionales que no se alinean con el oficialismo. La detención ocurrió en un contexto tenso de persecución contra varios alcaldes y concejales vinculados con partidos de oposición.

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Condición médica de Liscano genera incertidumbre

Tras el infarto, los médicos del hospital tachirense decidieron dejar al alcalde en observación continua, dada la gravedad del cuadro clínico. Aunque no se ha emitido un parte médico oficial detallado, se conoció a través de allegados del dirigente ayacuchense que este ya habría sufrido complicaciones cardíacas previas, lo que pudo haber influido en el episodio vivido durante la audiencia.

El hecho ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde múltiples usuarios han exigido garantías de salud y debido proceso para el alcalde. Varios ciudadanos, en especial de su municipio, han denunciado que desde su detención no se le ha permitido el acceso regular a sus abogados ni a exámenes médicos especializados, a pesar de su historial clínico.

Un juicio con tintes políticos

Yonnhy Liscano es uno de los pocos alcaldes de Táchira que no ha cedido ante las presiones del régimen. Su respaldo a Edmundo González, junto a otros líderes municipales, fue ampliamente difundido por medios independientes, lo que habría generado la molestia del chavismo.

En este sentido, dirigentes como María Corina Machado y Henrique Capriles Radonski han advertido que el caso de Liscano se suma a una larga lista de “presos políticos encubiertos bajo cargos administrativos”, una práctica que, aseguran, busca desmovilizar a las bases opositoras de cara a los comicios de 2025.

“No hay justicia cuando el poder judicial está al servicio de una dictadura. Esto no es un juicio por corrupción, es una venganza política”, declaró el activista de derechos humanos Alfredo Romero.

Silencio del régimen y ausencia de información oficial

Hasta la fecha, las instituciones controladas por el régimen de Nicolás Maduro no han ofrecido declaraciones oficiales sobre la condición de salud del alcalde Liscano. Tampoco han explicado si el juicio será suspendido temporalmente o si se aplicarán medidas humanitarias ante su estado médico.

El hermetismo del caso ha sido criticado por periodistas y defensores del debido proceso, quienes consideran que esta falta de transparencia solo alimenta la sospecha de un montaje político.

Diversos sectores solicitan que se garantice el derecho a la vida y a la defensa, y que se permita la intervención de organismos independientes en la evaluación médica del dirigente tachirense.

Contexto: persecución a alcaldes disidentes

En los últimos años, se ha evidenciado un patrón de acoso institucional contra alcaldes y concejales que no comulgan con la línea chavista. Desde detenciones arbitrarias hasta juicios exprés, las organizaciones internacionales han documentado numerosos casos de abuso de poder y violaciones sistemáticas a los derechos políticos.

Casos como el de Yonnhy Liscano confirman que la disidencia es criminalizada en Venezuela, mientras se ignoran denuncias reales de corrupción en figuras vinculadas al oficialismo.

Con información de: El Pitazo / La Nación.