En medio de un escenario geopolítico cada vez más tenso, The New York Times reveló que el régimen de Maduro habría puesto sobre la mesa una propuesta inédita: abrir a compañías estadounidenses una participación significativa en el petróleo y otras riquezas minerales de Venezuela con tal de reducir el choque con Washington.
Según fuentes cercanas a las conversaciones, la oferta se habría discutido mientras Estados Unidos desplegaba capacidades militares en el Caribe en operaciones contra el narcotráfico y calificaba al régimen como un “cartel narcoterrorista”. La Casa Blanca, bajo la administración Trump, rechazó la propuesta y cortó la vía diplomática, de acuerdo con el reporte periodístico.
La moneda de cambio fue el subsuelo venezolano
La oferta petrolera y minera habría incluido abrir proyectos actuales y futuros de crudo y oro a empresas estadounidenses, otorgar contratos preferenciales y reorientar exportaciones que hoy favorecen a China, además de reducir acuerdos con firmas chinas, iraníes y rusas.
Para Caracas, el mensaje era claro: canjear recursos estratégicos a cambio de distensión política con Estados Unidos. Para Washington, en cambio, aceptar la propuesta equivalía a legitimar a un actor señalado por corrupción, connivencia con el crimen organizado y demolición institucional. De ahí el portazo.
Claves del reporte
• Apertura a empresas de EE. UU. en petróleo y oro.
• Contratos preferenciales y reorientación de crudo de China hacia EE. UU.
• Reducción de vínculos energéticos con China, Irán y Rusia.
• Rechazo de la administración Trump y ruptura de la vía diplomática.
Régimen de Maduro frente a la presión militar y judicial de EE. UU.
La propuesta habría circulado en paralelo al endurecimiento multifrontal de la política estadounidense: operaciones antinarcóticos en el Caribe, acusaciones penales y sanciones. Desde la óptica de seguridad, Washington sustentó su postura en la necesidad de sofocar flujos ilícitos y desarticular redes que, según diversas agencias, utilizan a Venezuela como corredor.
El Comando Sur de EE. UU. detalló en múltiples comunicaciones sus operativos de interdicción marítima en el Caribe y el Pacífico oriental contra el tráfico de drogas, especialmente con despliegue de buques y aeronaves. Para lectores que quieran revisar la doctrina y la trazabilidad oficial de estas misiones, el repositorio público del U.S. Southern Command dispone de comunicados y actualizaciones permanentes:
En la misma línea, la Política de Máxima Presión de la era Trump consolidó un régimen de sanciones financieras y petroleras contra el círculo gobernante de Caracas. El archivo oficial de comunicados y órdenes ejecutivas puede consultarse en el sitio histórico de la Casa Blanca.
La “oferta” como señal de debilidad estratégica
Desde una perspectiva de derecha, el episodio revela dos verdades incómodas para el chavismo:
1) Descapitalización de poder real. Apostar por “entregar” el subsuelo a empresas estadounidenses —con desplazamiento de socios chinos, iraníes y rusos— expone la fragilidad del régimen. Si el petróleo y el oro se ofrecen como moneda de distensión, es porque la asfixia financiera y el aislamiento diplomático han hecho mella.
2) Reconocimiento de la superioridad de disuasión norteamericana. La presencia militar de EE. UU. en el Caribe en el marco de operativos antinarcóticos envía un mensaje de fuerza. Que la respuesta de Caracas haya sido una oferta económica —y no una contrapartida política sustantiva— sugiere que el régimen busca tiempo, no reformas.
De hecho, la negativa de Washington evita que el régimen de Maduro convierta recursos estratégicos en salvoconducto para perpetuarse. Desde la óptica del interés nacional estadounidense, aceptar el trato habría normalizado de facto a un aliado de potencias revisionistas y erosionado el frente hemisférico contra el crimen transnacional.
Régimen de Maduro y el “Cartel de los Soles”: contexto de seguridad
La mención al Cartel de los Soles —estructura criminal atribuida a altos mandos vinculados al chavismo— no es gratuita. En informes y procesos judiciales estadounidenses, la connivencia entre élites del poder venezolano y el narcotráfico ha sido tema recurrente.
Desde una perspectiva realista, sin cambios verificables en seguridad, Estado de Derecho y respeto a la propiedad, cualquier apertura económica a operadores estadounidenses se desmoronaría por riesgo jurídico y reputacional. Por eso, la oferta luce más como táctica coyuntural que como giro de modelo.
China, Irán y Rusia como ancla… o lastre
El componente geopolítico es crucial. China, Irán y Rusia han sido socios clave del chavismo. Rebajar su peso para seducir a EE. UU. supone costes que Caracas difícilmente pueda asumir sin contrapartidas.
Para Pekín, la seguridad de suministro y los retornos financieros en Venezuela son activos estratégicos. Para Teherán, la cooperación energética y logística con Caracas ha tenido valor simbólico y operativo frente a las sanciones occidentales. Para Moscú, la proyección en el hemisferio occidental opera como palanca en su pugna con la OTAN.
Que el régimen de Maduro insinuara degradar esos vínculos a cambio de oxígeno con EE. UU. solo confirma la precariedad que atraviesa la economía venezolana y la urgencia por aliviar sanciones. Pero Washington rechazó la monetización del acercamiento: no hay cheque en blanco por barriles.
por qué la oferta fracasó
Primero, porque la política de EE. UU. hacia Venezuela —especialmente durante la administración Trump— se ancló en principios de máxima presión: sanciones, aislamiento y apoyo a iniciativas democráticas. Petróleo por tregua no calzaba en esa ecuación.
Segundo, porque ceder en lo económico sin garantías políticas (elecciones auténticas, liberación de presos, independencia judicial) habría socavado el mensaje a otros regímenes y premiado la impunidad.
Tercero, porque el frente antinarcóticos exige cooperación verificable, no promesas. Mientras siga el flujo ilícito, no habrá “normalización” posible.
¿y ahora qué?
Tras el rechazo y la ruptura diplomática, la situación entra en pausa tensa. El despliegue en el Caribe continúa y las sanciones siguen siendo palanca central. Si Caracas quiere reabrir canales, tendrá que ofrecer hechos:
- Desmantelar estructuras del narcotráfico con cooperación internacional verificable.
- Garantías políticas sustantivas: calendario y reglas electorales competitivas, observación creíble, justicia independiente.
- Seguridad jurídica para inversión privada sin expropiaciones ni control discrecional.
Sin eso, cualquier “oferta” basada en petróleo y oro será vista como maniobra de supervivencia, no como agenda de normalización.
Régimen de Maduro y la narrativa internacional: por qué importa lo que dice la prensa
Que el The New York Times haya difundido el detalle de la oferta le da amplitud global al episodio. Más allá de simpatías ideológicas, el periodismo de referencia ayuda a documentar cómo los recursos de un país pueden convertirse en fichas de negociación en manos de una élite sin controles democráticos reales. Para una oposición democrática y para socios regionales, estos reportes refuerzan la necesidad de condicionar cualquier relajamiento de sanciones a resultados verificables.
Para verificar el enfoque, el propio The New York Times mantiene su cobertura global en https://www.nytimes.com/. Recomendamos a los lectores buscar directamente “Venezuela” y “Maduro” dentro del sitio para acceder a la nota específica y evitar enlaces caducos.
Régimen de Maduro: lecciones para la región
Primera lección: Los recursos naturales no sustituyen instituciones. Sin Estado de Derecho, la inversión es cautiva del capricho del poder.
Segunda lección: La seguridad importa. El narcotráfico y su captura estatal son líneas rojas para Washington y sus aliados.
Tercera lección: El eje China–Irán–Rusia seguirá operando mientras Caracas les garantice relevancia. Romper ese triángulo implicaría costes que solo un cambio profundo del modelo político podría compensar.
Cuarta lección: La presión internacional funciona cuando se sostiene y se coordina. El rechazo a intercambiar barriles por legitimidad es un mensaje claro para otros regímenes que pretendan comprar tiempo con recursos ajenos a su población.