Infanticidio hijastro Guanare sacude a toda la comunidad luego de que el Cicpc-Delegación Municipal Guanare capturara a un hombre de 60 años, señalado como presunto responsable del abuso y muerte de su hijastro de apenas dos años. El caso ha generado indignación pública y exige justicia contundente.
Luego de un minucioso esfuerzo investigativo que combinó técnicas científicas y labores policiales, las autoridades determinaron la responsabilidad de Atilio Ramón Márquez (60), quien habría abusado del menor durante cerca de un año, aprovechándose del delicado estado de salud de la madre y de la somnolencia que le generan sus medicamentos.
El fatídico suceso ocurrió en el barrio Santa Rosa de Guanare. El pasado miércoles 13 de agosto, el niño fue ingresado al Hospital Universitario “Dr. Miguel Oráa” junto con su madre y el hombre investigado. Los médicos detectaron evidentes señales de maltrato físico, por lo que dieron aviso de inmediato a las autoridades.
Responsabilidad técnica científica
Douglas Rico, director del Cicpc, confirmó que las investigaciones demostraron de manera técnico-científica la culpabilidad del sexagenario en el infanticidio del menor identificado como J. D. Y. B., de dos años.
Además, se pudo establecer que el abusador se valía de la vulnerabilidad de la madre para perpetuar el crimen.
El día del atentado fatal, el agresor atacó nuevamente al niño, causándole graves lesiones. Lo llevó al hospital, alegando que se había caído; el menor falleció poco después. El caso quedó a cargo del Ministerio Público.
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Desde hace cerca de un año, el presunto agresor se valía de la somnolencia de la madre, inducida por sus medicamentos, para ejercer violencia contra el pequeño sin ser descubierto. Los vecinos del barrio Santa Rosa notaron cambios en la conducta del niño, pero no imaginaron que se trataba de abusos sistemáticos.
El caso ha reavivado el debate sobre la protección de menores, especialmente en hogares donde la madre enfrenta problemas de salud y depende de medicación. Expertos en derechos de la infancia coinciden en que se requieren protocolos claros para detectar señales de abuso en entornos familiares. Además, resaltan la necesidad de asistencia psicosocial para madres con condiciones médicas que comprometan su vigilancia.
Este infanticidio también ha provocado cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional y comunitaria. ¿Cómo prevenir que un agresor aproveche una situación de vulnerabilidad para actuar con impunidad? Líderes vecinales y organizaciones sociales ya exigen mayor presencia policial preventiva y campañas de sensibilización.
En paralelo, el Cicpc insiste en que se actuó con rapidez una vez detectado el caso, y que las pruebas recolectadas durante el proceso investigativo serán claves para sustentar una acusación sólida ante el tribunal. El Ministerio Público adelanta los trámites para formalizar la imputación por infanticidio y maltrato.
Este episodio, lamentablemente, se suma a una creciente lista de casos en los que los más indefensos se convierten en víctimas. Con él, queda claro que se debe reforzar la fiscalización de ambientes familiares y fortalecer redes de apoyo que incluyan alertas de los servicios de salud, escuelas y comunidades.