Pastor asesinado en El Nula es la frase que hoy genera consternación entre los habitantes del municipio Páez, en el estado Apure. El trágico hecho ocurrió la tarde del domingo 3 de agosto, cuando el ciudadano Carlos Alberto S. Teherán, de aproximadamente 60 años, fue ultimado a tiros mientras se desplazaba en su motocicleta por la avenida Cirilo Agelvis, en el sector Rómulo Gallegos.
El pastor, ampliamente conocido en su comunidad por su labor religiosa y social, residía en una parcela en las afueras del pueblo. La noticia de su muerte se regó rápidamente, dejando una mezcla de dolor, rabia e impotencia en sus fieles y allegados.
Zona de frontera sin ley: crimen e impunidad en Apure
Este nuevo homicidio evidencia una vez más la profunda crisis de seguridad que azota a los estados fronterizos del país, donde la actuación de grupos armados, bandas criminales y el abandono institucional han convertido estas regiones en tierra de nadie.
Hasta el momento, el régimen de Maduro no ha emitido pronunciamiento oficial alguno sobre los motivos del crimen, ni sobre posibles sospechosos, manteniendo en la penumbra los detalles de una muerte que podría estar relacionada con el dominio territorial de actores irregulares.
La comunidad cristiana exige respuestas, justicia y garantías mínimas para ejercer su labor en una zona cada vez más dominada por la violencia.
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Pastor asesinado en El Nula refleja el abandono institucional
El pastor asesinado en El Nula se suma a una larga lista de víctimas que ha dejado la inseguridad en el estado Apure. Aunque no se han dado mayores detalles sobre los responsables, es evidente que la falta de presencia efectiva de cuerpos policiales y militares en estas zonas deja a los ciudadanos a merced de la delincuencia.
Organizaciones de derechos humanos y líderes vecinales han venido alertando sobre la presencia de grupos armados en la región, muchos de los cuales actúan con total impunidad, en algunos casos con la complicidad de autoridades locales y fuerzas de seguridad.
Este asesinato no solo enluta a una comunidad, sino que retrata el colapso de un sistema de seguridad que ha sido politizado, militarizado y desmantelado por intereses del régimen chavista.
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