Asesinó a su suegro por intervenir en una discusión con su pareja

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Asesinato por violencia familiar en Táchira: Brutal ataque conmociona a la comunidad

El reciente asesinato por violencia familiar ocurrido en el estado Táchira ha generado consternación y alarma social. Los hechos se desarrollaron el pasado 17 de julio en San Fernando, vía San Simón, parroquia Hernández, municipio Samuel Darío Maldonado, donde un hombre asesinó brutalmente a su suegro en medio de una acalorada discusión con su pareja.

El caso fue esclarecido por funcionarios de la Delegación Municipal La Fría del Cicpc, quienes confirmaron que el crimen fue perpetrado por el yerno de la víctima, identificado como Jhoan Gabriel Viloria Arellano, de 32 años.

Según la investigación, Viloria se encontraba agrediendo físicamente a su pareja —hija del hoy fallecido— cuando Hugo Domingo Moreno Carrero, de 59 años, intervino para defenderla. En respuesta, el agresor tomó una silla metálica y golpeó en la cabeza a su suegro con extrema violencia.


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Autor del asesinato por violencia familiar fue capturado por el Cicpc

El asesinato por violencia familiar no solo estremeció a la comunidad local, sino que también encendió las alertas sobre el alarmante incremento de hechos violentos dentro del núcleo familiar en varias regiones del país.

A pesar del intento de los médicos por salvar a Moreno Carrero, este falleció poco después en un centro de salud cercano producto del traumatismo craneoencefálico severo. El crimen dejó a una familia destruida y expuso nuevamente la inacción sistemática del régimen de Maduro ante la violencia doméstica, que avanza sin control ante el colapso de las instituciones.

El responsable del asesinato fue capturado y puesto a la orden del Ministerio Público, órgano que se encargará de la respectiva imputación judicial.

Violencia familiar: un flagelo sin atención en la Venezuela actual

La creciente violencia intrafamiliar que se vive en Venezuela tiene múltiples causas, entre ellas el deterioro moral, la descomposición social y la ineficacia del sistema judicial bajo el control del régimen. En un país donde la impunidad es norma y no excepción, los agresores se sienten amparados por la falta de consecuencias reales.

Según datos de Cepaz, en Venezuela se cometen decenas de femicidios y agresiones familiares cada mes, muchas de ellas invisibilizadas por la censura o por el miedo de las víctimas a denunciar. El caso de Hugo Moreno es solo uno de muchos que reflejan el estado de abandono y desprotección en el que viven millones de venezolanos.

El rol del Cicpc y la debilidad estructural de la justicia

Aunque en esta ocasión el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas actuó con rapidez, no siempre ocurre lo mismo. Falta de recursos, poca presencia en comunidades rurales y presión política sobre los cuerpos de seguridad hacen que muchos casos terminen en el olvido o sin justicia.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en la necesidad de crear políticas públicas efectivas y campañas de prevención, pero el dictador Nicolás Maduro ha preferido ignorar estos llamados en favor de mantener el aparato propagandístico de su régimen, en lugar de proteger a los ciudadanos.

Urge justicia firme ante el asesinato por violencia familiar

Este asesinato por violencia familiar reabre el debate sobre la urgencia de implementar medidas estructurales para prevenir la agresión dentro del hogar. Es indispensable que se refuercen los canales de denuncia, se brinde atención psicológica a las víctimas y se sancione con el mayor peso de la ley a los agresores.

Mientras tanto, el régimen se limita a emitir comunicados sin acciones concretas, dejando a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad extrema.

Conclusión: La violencia familiar no puede seguir siendo ignorada

El asesinato por violencia familiar ocurrido en Táchira debe servir de ejemplo para que se actúe de inmediato en todos los niveles: judicial, comunitario y político. No basta con arrestar al responsable si no se acompaña de políticas públicas sostenidas que defiendan a las víctimas y sancionen con contundencia a los agresores.

En una Venezuela secuestrada por un régimen autoritario, la reconstrucción de la justicia empieza por denunciar y visibilizar cada caso, hasta que la violencia no tenga lugar en los hogares del país.

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