En un nuevo caso de violencia que sacude al estado Bolívar, un homicidio en Santa Elena de Uairén ha encendido las alarmas entre las comunidades indígenas. Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Dylan Ernesto Gómez Pinto, de 30 años, por el asesinato de su hermano Gino Renato Manikuya Gómez Pinto, de 29, ambos miembros de la etnia warao.
El crimen ocurrió el pasado 14 de julio en una zona rural del municipio Gran Sabana, cuando, tras una acalorada discusión presuntamente bajo efectos del alcohol, Dylan atacó a su hermano con un arma blanca, causándole la muerte en el acto. El hecho ha conmocionado a los habitantes de la región fronteriza con Brasil, donde la presencia de las autoridades es casi simbólica y la ley brilla por su ausencia.
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El abandono estatal y el alcohol: una combinación mortal
El homicidio en Santa Elena de Uairén no solo evidencia la gravedad de los conflictos familiares en sectores indígenas vulnerables, sino también el abandono sistemático al que ha sido sometida la región bajo el régimen de Maduro. La presencia del Estado es casi inexistente, y la ausencia de programas de atención integral a comunidades originarias ha generado un caldo de cultivo para tragedias como esta.
La zona de Santa Elena de Uairén, por su ubicación geográfica y condiciones socioeconómicas, se ha convertido en tierra de nadie. En los últimos años, las comunidades indígenas han denunciado el aumento del consumo de alcohol artesanal y sustancias ilícitas, sin que haya respuesta por parte de las autoridades.
Según reportes de medios locales como El Pitazo, la pelea entre los hermanos se produjo tras una fuerte discusión por motivos personales. Dylan, en medio del altercado, tomó un cuchillo y lo clavó en el cuerpo de su hermano, provocándole heridas fatales. El arma blanca fue recuperada e incautada como evidencia por el Cicpc.
Justicia indígena y justicia penal: un dilema no resuelto
Homicidio en Santa Elena de Uairén también pone sobre la mesa el eterno dilema entre la justicia indígena y la penal venezolana. Aunque el caso fue remitido a la Fiscalía Sexta del Segundo Circuito del Ministerio Público, aún se desconoce si se aplicará algún enfoque diferenciado, como lo establece la Constitución para los pueblos originarios.
No obstante, ante el desgobierno reinante, son muchas las organizaciones que cuestionan si el Estado realmente garantiza justicia en estos contextos. El asesinato de Gino Gómez Pinto no es un hecho aislado. Es reflejo de un país sin garantías ni prevención, donde los más pobres y originarios siguen siendo los más olvidados.
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