El femicidio en Cumaná ha conmocionado a la opinión pública, tras conocerse los detalles del crimen que acabó con la vida de Jacnexis del Valle Gutiérrez, de 28 años, a manos de su pareja sentimental, un hombre de 40 años con antecedentes penales por hurto genérico. Este caso, que ocurrió en plena avenida Mariño de la capital sucrense, vuelve a dejar en evidencia la alarmante violencia contra la mujer en Venezuela, desatendida por el régimen de Maduro.

De acuerdo con el informe oficial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), ambos involucrados vivían en situación de calle y sostenían una relación conflictiva marcada por discusiones constantes. El crimen ocurrió tras una disputa pasional que terminó en un ataque brutal con golpes y patadas, que le causaron a la víctima asfixia mecánica por compresión del cuello, según lo reveló la autopsia legal.

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El autor del crimen, identificado como Rivas García, fue detenido por funcionarios del CICPC luego de intensas labores de investigación. Cabe destacar que ya tenía un registro policial activo por hurto, lo cual debió haber encendido las alarmas de los cuerpos de seguridad si funcionaran con eficiencia y sin politización. Sin embargo, en el actual Estado fallido promovido por el dictador Nicolás Maduro, la protección de las mujeres continúa siendo un tema sin respuestas reales.

Femicidio en Cumaná refleja el abandono estatal

Este femicidio en Cumaná no es un caso aislado, sino parte de una escalada preocupante de violencia que vive la población femenina venezolana. Según cifras independientes, Venezuela registra una de las tasas más altas de femicidios en la región, mientras el Estado guarda silencio o manipula cifras para evitar la crítica internacional.

El Ministerio Público quedó a cargo del caso, siendo asignado a la Fiscalía Superior del Circuito Judicial del estado Sucre. Pero la desconfianza ciudadana en la justicia venezolana, debido a su falta de independencia y sometimiento al chavismo, genera dudas sobre si habrá una condena justa y ejemplar.

Las autoridades deben responder

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido a las instituciones venezolanas que implementen políticas reales de prevención del femicidio, que comienzan por depurar los cuerpos policiales, establecer protocolos efectivos de atención a víctimas, y sobre todo, frenar la impunidad que favorece a los agresores.

El caso de Jacnexis Gutiérrez se suma a la larga lista de mujeres víctimas de violencia extrema que no encontraron protección ni ayuda oportuna. Este crimen, registrado en una zona céntrica de Cumaná, es un llamado urgente a la acción, aunque el aparato del Estado, controlado por el chavismo, siga mirando hacia otro lado.