El hecho ocurrió la tarde del 20 de julio, en el sector Río Arriba, parroquia Monseñor Carrillo, municipio Trujillo, donde la víctima, identificada como Carmen Mirella Villa, fue interceptada por dos individuos quienes la sometieron y abrieron fuego en múltiples ocasiones, provocando su muerte inmediata.
Según el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el móvil del homicidio fue una represalia por conflictos con el nieto de la mujer. Tras un análisis técnico y científico, los investigadores identificaron a los presuntos responsables: Elis Alfonso Azuaje Cegarra, de 22 años, y Glenyelber Rodolfo Castellanos Barreto, de 18 años.
Las autoridades lograron la detención de Azuaje Cegarra en la avenida Andrés Bello, parroquia Cristóbal Mendoza, incautándole el arma de fuego que, según las pruebas periciales, fue utilizada en el crimen. Por su parte, Castellanos Barreto continúa siendo buscado activamente por los organismos de seguridad.
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El asesinato ha provocado una ola de indignación en la parroquia Monseñor Carrillo y en todo Trujillo. Vecinos y familiares exigen no solo justicia, sino también medidas preventivas que garanticen la seguridad de los ciudadanos, especialmente adultos mayores, quienes son población vulnerable.
Este caso destaca la importancia de una acción firme y efectiva por parte del régimen local, respaldada por instituciones de seguridad y justicia. Desde un enfoque de derecha, se enfatiza la urgencia de reforzar el sistema de ley y orden, dotando a los cuerpos policiales de herramientas eficaces, recursos adecuados y legislación que sancione con severidad este tipo de crímenes atroces.
Asesinaron a tiros a una abuela: crimen que exige gobernabilidad y orden
Este asesinato refleja un fenómeno alarmante: la impunidad y descontrol que pueden florecer si no se fortalece el principio del derecho. Desde una perspectiva conservadora, el desafío de restablecer el orden público pasa por priorizar la seguridad ciudadana, la sanción ejemplar y la protección de los desamparados. El régimen debe garantizar que los culpables sean llevados ante la justicia sin demora y que hechos similares no se repitan jamás.
