Según una reciente investigación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), más de 40 pasaportes han sido anulados desde el 28 de julio de 2024, día en que se celebraron las controvertidas elecciones en el país caribeño.
Esta práctica, denunciada por diversas organizaciones internacionales, forma parte de un patrón sistemático de represalias por parte del régimen contra defensores de derechos humanos y periodistas independientes, quienes han mantenido una posición crítica frente a los abusos y atropellos del chavismo.
La estrategia de anulación de pasaportes no es un hecho aislado. Se trata de un instrumento de control político que busca castigar y silenciar a quienes denuncian los atropellos de la dictadura ante instancias internacionales.
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Anulación de pasaportes: una táctica represiva del régimen de Maduro
El informe de CEJIL, elaborado con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil, alerta que esta medida representa una amenaza directa a la libertad de movilidad y expresión, al impedir que activistas participen en foros internacionales, denuncien violaciones de derechos humanos y accedan a redes de protección global.
El documento revela que estas anulaciones han generado consecuencias devastadoras para las víctimas: familias separadas, exilios forzados, traumas emocionales y obstáculos laborales. Todo esto como parte de un mecanismo calculado para intimidar, censurar y desgastar a los portavoces de la sociedad civil.
Entre los testimonios recopilados, varios reporteros y defensores relatan cómo sus viajes fueron cancelados sin previo aviso y sus documentos aparecieron como “anulados” al intentar salir del país, sin que medie ningún proceso legal o notificación oficial.
Régimen de Maduro convierte el pasaporte en arma de persecución
Esta táctica represiva se suma a otras estrategias del régimen chavista para cerrar el espacio cívico y restringir el activismo internacional. El informe será presentado durante el 193° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual representa un nuevo esfuerzo por visibilizar ante el mundo la brutalidad con la que actúa el régimen de Maduro.
La comunidad internacional ha sido convocada a leer y difundir este informe y a sumar esfuerzos en la defensa de quienes aún luchan por la democracia desde adentro de Venezuela.
Según expertos consultados por Diario Las Américas (enlace DoFollow), la sistematicidad de estas anulaciones demuestra que no se trata de errores administrativos, sino de una política de Estado para eliminar la disidencia.
Maduro recrudece el hostigamiento: cinco claves de esta práctica
- Más de 40 activistas y periodistas afectados desde julio.
- Aplicación sin orden judicial ni procedimiento legal.
- Consecuencias directas en la vida familiar, laboral y emocional.
- Imposibilidad de asistencia a eventos y foros internacionales.
- La CIDH presentará el caso en audiencias públicas internacionales.
Con información de:
Diario Las Américas
